Ocultaron a gravidade da fuga radioactiva na central de Ascó I

Como denunciara Greenpeace, antes incluso que o Consejo de Seguridad Nuclear, os responsables da central nuclear de Ascó I ocultaron a gravidade da fuga radioactiva do pasado novembro. Nin informaron á poboación nin ós escolares que viñan de visita…

Esta é a información aparecida hoxe en Greenpeace España:

Ascó expuso a la población a un riesgo radiológico innecesario e indebido al ocultar el escape

La ausencia de información pública sobre el suceso impidió que se alertara a tiempo a la población y que se tomaran medidas de protección, entre ellas anular la visita de alumnos de varios colegios a la central nuclear.

Greenpeace, acogiéndose a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia medio ambiental, ha formulado más de 50 preguntas al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en relación con el vertido de radioactividad en el medio ambiente desde la central nuclear Ascó-1 el 29 de noviembre de 2007, a las que tendrá que responder en el plazo máximo de un mes.
Para Greenpeace, el total esclarecimiento de los hechos ocurridos en relación con el suceso es fundamental para depurar las responsabilidades de los titulares de la central y, en su caso, del propio CSN. Las preguntas tratan, entre otros aspectos, sobre el contenido de las instrucciones existentes en los procedimientos de la central, las acciones realizadas por los operarios de la misma, el diseño de los sistemas y su cumplimiento con los criterios de seguridad y las bases de diseño aprobadas o la notificación de los sucesos relevantes para la seguridad a las autoridades para informar de ello al público.

“Conocer lo que realmente sucedió es necesario para que los ciudadanos puedan reclamar la imposición de las sanciones que correspondan de acuerdo con la legislación nuclear, así como para iniciar las acciones penales que resulten pertinentes por delito medioambiental y las reclamaciones por vía civil que procedan de acuerdo con la legislación vigente, en caso de acreditarse la existencia de daños a las personas o al medio ambiente causados por las radiaciones ionizantes”, -ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.

La ausencia total de información pública sobre este suceso desde el momento en el que se produjo la emisión de radiactividad, en noviembre de 2007, y el 5 de abril de 2008 (fecha en la que, tras informar Greenpeace en primera instancia a la opinión pública sobre este accidente, el CSN emite su primera nota de prensa al respecto) impidió que se alertara a tiempo a la población y que se tomaran medidas de protección y vigilancia al respecto, entre ellas anular la visita de alumnos del colegio de los Maristas de Girona que se produjo tras el vertido de la radiactividad al medio ambiente. Esta circunstancia, además de constituir una grave negligencia por parte de los titulares de la central, dio lugar a que se expusiera a estos menores a un riesgo radiológico innecesario e indebido, teniendo en cuenta que no puede descartarse la existencia de niveles de radiación en el emplazamiento de la central que dieran lugar a dosis por incorporación por encima de los Límites de Incorporación Anuales para el tramo de edad correspondiente al de los citados alumnos del colegio Maristas.

Además, esta ausencia de información pública sobre el suceso es un evidente incumplimiento de los principios de eficacia y transparencia por los que deben regirse las Administraciones Públicas, y contrario al espíritu de Ley 15/1980 de creación del CSN, en su redacción dada por la Ley 33/2007 de reforma del CSN; en concreto, un flagrante incumplimiento de lo expresamente dispuesto en el artículo 14 de dicha Ley.

La información que el CSN y los titulares de la central han publicado en los días pasados falta al rigor debido y es totalmente insuficiente para dar una explicación lógica del origen y las causas del suceso, así como para hacer una valoración de las consecuencias radiológicas del mismo. Especialmente criticable es la información dada por el titular de la central, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV), quien, desde el momento en que Greenpeace hizo pública la existencia del vertido y el CSN lo confirmó, ha tratado de quitar toda la relevancia al mismo, en beneficio de sus intereses económicos y para tratar de evitar cualquier posible sanción.

Greenpeace exige al CSN que deje de minimizar la trascendencia del suceso y reconozca que la cantidad de radiactividad de la que hasta ahora ha hablado en sus notas de prensa sólo correspondería a las partículas radiactivas sólidas detectadas en los días anteriores a su publicación, pero de ninguna manera a la fuente total de radiación emitida al medio ambiente.

Asimismo, Greenpeace lamenta la actitud de la central nuclear de Ascó, que aseguraba que la ingestión de toda la radiación vertida al medio ambiente no supondría ningún peligro para la salud, algo que es radicalmente falso, puesto que, como es bien sabido, no existe un umbral mínimo para los efectos estocásticos de la radiación ionizante, incluso aunque la radiactividad estuviera por debajo de los límites reglamentarios, algo que como poco está por demostrar. Adicionalmente, la radiación de alguna de las partículas sólidas detectadas en algún caso es superior a los 18.000 Bq a la fecha de su detección, cantidad que por si sola supera los límites de Incorporación anual por Cobalto-60 aplicables a miembros del público en los tramos de edad más bajos.

La cuantificación precisa de la fuente radiactiva emitida al medio ambiente a fecha de 29 de noviembre de 2007 es esencial para valorar el riesgo radiológico al que se ha sometido al público, a los trabajadores y al medio ambiente, pero, además, es esencial a los efectos de la cualificación de las infracciones que haya podido cometer la central nuclear en virtud de lo dispuesto en los artículos 87.3 y 4 de la Ley 25/1964, sobre la energía nuclear, en la redacción que se da a este artículo en el artículo 12 de la Ley 33/2007.

E esta é a información aparecida hoxe en El País (Madrid):

La fuga radiactiva en Ascó fue cien veces mayor de lo declarado

El Consejo de Seguridad Nuclear acusa a la planta de ocultar información y le abre un expediente. Analizará a 700 personas por si resultaron afectadas.

RAFAEL MÉNDEZ / O. AYMÍ. Madrid / Tarragona.

No fue un suceso menor, como dijo la central nuclear de Ascó I, en Tarragona. La planta, propiedad de Endesa, declaró el pasado 4 de abril que había detectado una fuga radiactiva. Pero dijo que era insignificante, nimia, apenas nada. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que debió de ver algo extraño, pidió los informes originales sobre los que se basaba. La documentación terminó de llegar ayer y la respuesta es contundente. En una nota durísima, el CSN acusó a la central de “inadecuado control del material radiactivo” y de proporcionar “información incompleta y deficiente”. El suceso fue calificado en principio como nivel 1 (en una escala de 0 a 7) y ayer pasó a nivel 2, lo que lo convierte en uno de los cuatro incidentes más graves en la historia nuclear española y da la razón a Greenpeace, que desde el principio alertó del suceso. El último caso fue el de Vandellòs II en 2005, también por ocultar al CSN la corrosión de una tubería. Entonces estuvo seis meses parada.

El subdirector de Protección Radiológica del Consejo, Manuel Rodríguez, explicó a este diario: “Nos sentimos decepcionados. Hemos dado información inadecuada porque nos basábamos en información incorrecta”. Rodríguez señaló que “el valor de la actividad estimada en el exterior de la central es 100 veces superior a lo que la central declaró hace una semana”. Y lo más grave: “Que lo sabían ya entonces”. Y lo sabían cuando dos días después, el CSN y representantes de la planta se reunieron con los alcaldes de la zona para informar al público. Según Rodríguez, el suceso no ha supuesto riesgo para el medio ambiente y “si una persona hubiese ingerido la partícula con mayor actividad” habría recibido 0,8 miliSievert, el 80% del máximo permitido para un año.

El incidente se produjo el 26 de noviembre, durante la parada de recarga. En esa operación, se transportan las barras de combustible nuclear a través de unos tubos. El tubo se lava con agua a presión y luego se seca mediante unas bombas. Pero siempre quedan charcos -como los que permanecen al vaciar una piscina- de los que los operarios sacan el agua con unas aspiradoras manuales (llamadas chupacharcos). Ese agua es la que acumula más material radiactivo y acabó en un bidón de 50 litros. Un operario lo tiró en la piscina de combustible. Es gesto ya de por sí era chapucero, porque según el Consejo hay que tratarlo como un residuo radiactivo. Además, junto a la zona de vertido estaba en marcha un potente sistema de ventilación que absorbió parte de las partículas radiactivas y las lanzó al exterior a través de una chimenea.

El resultado es que salieron unas 150 partículas de cobalto, manganeso, zirconio y molibdeno, entre otros isótopos radiactivos. El 95% se quedó en un radio de 50 metros, lo que significa que la mayor parte se quedó en los tejados de los edificios de la central, no llegó al exterior.

El CSN admite que no fue una negligencia que el detector de radiación de la chimenea no lo advirtira, porque eran partículas muy pequeñas y viajaban de forma dispersa. La central detectó la contaminación por primera vez el 14 de marzo y no informó. Informó al Consejo el 4 de abril, pero entonces dijo que habían salido 235.000 becquerelios, mientras que su informe final concluye que la cantidad es de 19,5 millones de becquerelios. La fuga la dio a conocer Greenpeace y, cuando el 7 de abril, el CSN reunió a los 13 alcaldes de la zona para informarles, la central tampoco dijo lo que realmente había pasado. Ayer reiteró “la baja significación radiológica” de la fuga, pero no opinó sobre la nota del CSN.

Para descartar que nadie haya recibido más radiación de la permitida, el CSN examinará a más 700 personas que hayan entrado en la central en este periodo. Son en su mayoría trabajadores con licencia nuclear, pero también personal auxiliar, como jardineros o quienes hayan llevado algún suministro. Asimismo, el CSN exigió a la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs, la empresa que gestiona las nucleares catalanas, que “depure responsabilidades”.

Greenpeace -que fue la primera en informar de la fuga, antes que el CSN- pidió ayer que se paralice la central y se suspenda la licencia de actividad de los titulares de la central. En el mismo sentido se expresó el diputado de Iniciativa per Catalunya Verds Joan Herrera, que pidió la comparecencia del ministro de Industria, Miguel Sebastián.

Una empresa con un accidentado historial

Si hay una central nuclear con mala reputación en el Consejo de Seguridad Nuclear ésa es Ascó-Vandellòs (ANAV). Los tres reactores los gestiona la misma empresa (propiedad de Endesa e Iberdrola al 50%) y acumula los incidentes más graves de los últimos años. No tanto porque exista riesgo, sino por su gestión.

En 2005, el Consejo tuvo parada seis meses Vandellòs II por ocultarle información y “primar la producción sobre la seguridad”. Durante décadas una tubería de la central sufrió una corrosión de la que la central no informó.

La central fue multada con 1,6 millones pero, sobre todo, estuvo seis meses parada. El suceso fue calificado como nivel 2 (en una escala de 0 a 7), algo que sólo se había dado en 1992, cuando la central de Trillo (Guadalajara). En 1989, Vandellòs I sufrió un incendio que dañó gravemente la planta, lo que provocó su cierre.