Blog de César Salgado

Os papeis terman do que lles poñen, e internet nin che conto…

HRW report on Cuba: “dangerousness” and political prisoners in the post-Fidel era

Human Rights Watch publicou esta semana un informe de máis de cen páxinas sobre os direitos civís e os presos políticos en Cuba, “New Castro, Same Cuba: Political Prisoners in the Post-Fidel Era”. Copio un extracto da versión en español, “Un nuevo Castro, la misma Cuba: Presos políticos en la era post Fidel” (a negrita é miña):

En julio de 2006, Fidel Castro transfirió el control del Gobierno cubano a su hermano, Raúl Castro. Como nuevo jefe de Estado, Raúl Castro heredó un sistema de leyes e instituciones abusivas, además de la responsabilidad por los cientos de presos políticos detenidos durante el Gobierno de su hermano. Raúl Castro no solo no desarticuló esta maquinaria represiva, sino que la ha mantenido vigente y plenamente activa. Numerosos presos políticos detenidos durante el Gobierno de Fidel Castro continúan presos padeciendo las condiciones inhumanas de las prisiones cubanas. Y el Gobierno de Raúl Castro ha recurrido a leyes draconianas y a procesos judiciales que son una farsa para encarcelar a muchas otras personas que se atrevieron a ejercer sus libertades básicas.

El Gobierno de Raúl Castro se ha amparado especialmente en una disposición del Código Penal de Cuba que permite al Estado encarcelar a las personas antes de que hayan cometido un delito, cuando existan sospechas de que pueden cometerlo en el futuro. Esta disposición sobre “peligrosidad” es netamente política y define como “peligrosa” a cualquier conducta contraria a las normas socialistas. Esta norma, la más orwelliana de todas las leyes cubanas, capta la esencia de la mentalidad represiva del Gobierno cubano, que percibe a cualquier persona cuyas acciones no concuerden con el Gobierno como una potencial amenaza y, por ende, plausible de castigo.

Pese a los graves obstáculos para realizar la investigación, Human Rights Watch documentó más de 40 casos en los cuales el Gobierno de Raúl Castro ha encarcelado a personas que intentaron ejercer sus derechos fundamentales, bajo el argumento de que eran “peligrosas”. Y creemos que existen muchos más casos. En estos ejemplos, las actividades “peligrosas” incluyen entregar copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizar manifestaciones pacíficas, escribir artículos que critican al gobierno, e intentar organizar sindicatos independientes.

El Gobierno de Raúl Castro ha aplicado la ley de “peligrosidad” no solo a disidentes y críticos del Gobierno, sino a un amplio espectro de personas que optan por no cooperar con el Estado. Comprobamos que, en la Cuba de Raúl Castro, la decisión de no participar en actos a favor del Gobierno, de no pertenecer a organizaciones del partido de Gobierno y de no tener empleo se consideran signos de conducta “antisocial” y pueden llevar a la imposición de una “advertencia oficial” o incluso a la encarcelación. […]

La encarcelación es sólo una de las diversas tácticas empleadas por el Gobierno cubano para suprimir libertades fundamentales. Los disidentes que intentan expresar sus opiniones suelen ser objeto de golpizas, detenciones arbitrarias y actos públicos de repudio. El Gobierno controla, intimida y amenaza a quienes percibe como sus enemigos. Los aísla de sus amistades y vecinos, y discrimina a sus familias.

Cuba intenta justificar esta represión como una respuesta legítima a una política estadounidense destinada a derrocar el Gobierno de Castro. Es cierto que la intervención de Estados Unidos en la isla es de larga data, y su actual política apunta de manera explícita a respaldar un cambio en el Gobierno cubano. Sin embargo, en los numerosos casos examinados por Human Rights Watch para la elaboración de este informe, es evidente que este argumento carece de sustento.

Cuando el defensor de derechos humanos Ramón Velásquez Toranzo emprendió una marcha pacífica por Cuba y el periodista Raymundo Perdigón Brito escribió artículos en los cuales criticaba el Gobierno de Castro, no fue porque actuaran como agentes del Gobierno estadounidense, sino porque percibían irregularidades en su propio Gobierno. Y debido a que estos disidentes expresaron sus opiniones abiertamente, fueron encarcelados por el Gobierno de Raúl Castro, al igual que muchas otras personas. En lugar de constituir una defensa legítima frente a amenazas contra la seguridad nacional, estos y otros casos ponen en evidencia a un Estado que recurre a la represión para imponer conformismo con su agenda política.

Es importante destacar que, en el contexto cubano, el término “disidentes” no hace referencia a un grupo homogéneo de personas que comparten una única ideología, afiliación u objetivo común: se refiere, más bien, a cualquier persona que —como Velásquez y Perdigón— participa en actividades que el Gobierno considera contrarias a su agenda política. Algunos disidentes son partidarios del cambio hacia un Gobierno democrático o promueven la reforma del sistema socialista desde adentro del propio sistema. Otros no tienen afiliación política y se concentran en un tema en particular, como el derecho a practicar su religión o a conformar un sindicato.

Los disidentes representan un sector minoritario y especialmente aislado de la población. Sin embargo, su marginalización no constituye una prueba de la inexistencia de disenso en Cuba, sino más bien de la cruenta eficacia con la cual se reprime la disidencia. El temor afecta todos los aspectos de la vida de los disidentes. Algunos se abstienen de expresar su opinión y abandonan todas sus actividades; otros continúan ejerciendo sus derechos, pero viven con el miedo constante a ser castigados. Y son muchos más los que nunca manifiestan su disenso para evitar represalias. Como el defensor de derechos humanos Rodolfo Bartelemí Coba señaló a Human Rights Watch en marzo de 2009, “Vivimos las 24 horas del día pensando que podemos ser detenidos”. Diez días después, Bartelemí fue arrestado y trasladado sin juicio previo a una prisión en la cual permanece detenido.

Si bien este informe documenta un patrón sistemático de represión, su propósito no es sugerir que no existan en Cuba ningún tipo de medios para canalizar el disenso. Durante los tres últimos años, por ejemplo, han surgido blogs cubanos independientes, canciones críticas escritas por músicos cubanos y, más recientemente, una serie de encuentros públicos organizados por el Gobierno con el fin de reflexionar sobre el socialismo cubano.

Sin embargo, un examen más minucioso permite advertir que estos ejemplos de espacios de disidencia son sumamente acotados y, por lo tanto, tienen un impacto muy limitado en la sociedad en general. Si bien algunas de las personas que escriben en los blogs se refieren a los problemas de Cuba, deben publicar su trabajo por medios clandestinos —guardan los documentos en dispositivos de memoria extraíbles y actualizan la información a través de conexiones ilegales—. Dado que el costo de una hora de internet equivale a un tercio del salario mensual en Cuba y se encuentra disponible exclusivamente en unos pocos centros administrados por el Gobierno, solo una pequeña fracción de cubanos tiene la posibilidad de leer estos blogs, incluidos, paradójicamente, sus propios autores. Si bien algunas bandas musicales expresan mediante la letra de sus canciones su oposición al Gobierno, se ha prohibido la difusión de sus temas en las señales de aire, se cancelan sus actuaciones y sus integrantes son objeto de detenciones arbitrarias y hostigamiento. Y si bien es cierto que el Gobierno de Raúl Castro organizó recientemente un encuentro de reflexión sobre el socialismo cubano, el programa de estos debates prohibió expresamente cualquier discusión sobre la reforma del sistema de partido único.

Cuba ha logrado avances significativos en el ejercicio progresivo de algunos derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la educación y la salud. Por ejemplo, la UNESCO ha concluido que existe un nivel de alfabetización casi universal en la isla y, según proyecciones de UNICEF, el país alcanzará la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No obstante, la cruda realidad es que estos avances no han ido de la mano del respeto de los derechos civiles y políticos.

El Gobierno de Raúl Castro ha demostrado en ocasiones su voluntad de rever la postura de las últimas décadas del gobierno cubano de indiferencia hacia las normas sobre derechos humanos. En febrero de 2008, Cuba firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y conmutó la pena de muerte a todos los presos, excepto a tres personas acusadas de terrorismo. Sin embargo, el Gobierno de Castro aún no ha ratificado el PIDPC ni el PIDESC, y continúa ignorando muchos de los principios centrales de estos tratados. Asimismo, la ley cubana continúa permitiendo que se aplique la pena de muerte a quienes atentan contra la independencia del Estado.

Durante años, el Gobierno cubano se ha rehusado a reconocer la legitimidad de la observación independiente sobre temas de derechos humanos, y se ha negado firmemente a permitir que observadores internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, visiten la isla e investiguen la situación de los derechos humanos. […]

22 Novembro 2009 - Posted by | Cuba, Death penalty, Human Rights, Human Rights Watch, Politics

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