Blog de César Salgado

Os papeis terman do que lles poñen, e internet nin che conto…

HRW World Report 2010

Human Rights Watch publicou recentemente o seu informe anual, “World Report 2010” (PDF de 3,71 MB; 624 páxinas). Copio un extracto da súa introducción (versión en español):

Todos los gobiernos tienen en ocasiones la tentación de violar los derechos humanos. Con el fin de fomentar que los gobiernos se resistan a esta tentación, el movimiento pro derechos humanos intenta subir el precio a pagar por el abuso y alterar el cálculo del beneficio en función de los costos de las acciones de un gobierno.

La capacidad del movimiento pro derechos humanos de subir dichos precios ha aumentado considerablemente en los últimos años. Actualmente, los activistas son capaces de exponer los abusos cometidos en casi cualquier parte del mundo, proyectando una intenso haz de vergüenza pública sobre los responsables, impulsando a los gobiernos y las instituciones para que usen su influencia en representación de las víctimas y, en los casos más graves, convenciendo a los fiscales internacionales de que lleven a los violadores ante la justicia. Se trata de herramientas eficaces que han conservado su potencia a pesar del respaldo vacilante a los derechos humanos de ciertos aliados tradicionales. Esta eficacia ha engendrado una reacción, cuya intensidad aumentó especialmente en 2009.

Ciertos gobiernos abusivos, a veces trabajando unidos, a veces por vías paralelas, han emprendido una intensa ronda de ataques contra los defensores, las organizaciones y las instituciones de derechos humanos. Su objetivo es silenciar al mensajero, eludir la presión, para reducir el costo que acarrea la comisión de violaciones de los derechos humanos. […]

Rusia
En 2009, Rusia encabezó las represalias homicidas contra defensores de los derechos humanos. Una de las características comunes de muchas de las víctimas es que habían informado de los casos de detención arbitraria, tortura y ejecución sumaria cometidos en la república azotada por la guerra de Chechenia por parte de las fuerzas bajo el control de facto del presidente checheno Ramzan Kadyrov. Las autoridades rusas han fomentado una cultura de impunidad por los abusos que no puede más que envalentonar a los autores de estos asesinatos. Por ejemplo:

  • En julio, Natalia Estemirova, la principal investigadora sobre Chechenia de la organización de derechos humanos rusa Memorial, fue secuestrada por hombres no identificados cerca de su casa en Grozny, la capital chechena. Estemirova fue asesinada y su cuerpo fue hallado posteriormente.
  • En agosto, agentes de aplicación de la ley secuestraron a Zarema Sadulayeva y a su esposo, Alik Dzhabrailov, de su oficina en Grozny; sus cuerpos con disparos mortales fueron hallados al día siguiente. Trabajaban para Salvar la Generación, una organización benéfica que ofrece asistencia a los niños afectados por el conflicto checheno.
  • En enero, Umar Israilov, ex guardia de seguridad de Kadyrov que había presentado una denuncia de tortura contra él ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue asesinado por un atacante desconocido en Viena, Austria.

También en enero, el abogado de derechos humanos Stanislav Markelov, junto con la periodista que le acompañaba, Anastasia Baburova, fueron asesinados en Moscú después de que él celebró una conferencia de prensa. Se ha arrestado a dos sospechosos, y se ha informado de que uno de ellos confesó tener motivos personales para el asesinato, supuestamente relacionados con el trabajo de Markelov contra los neofascistas rusos. En el momento de escribir esta introducción, no estaba claro si ese fue efectivamente el motivo para el asesinato. Markelov también estaba representando a la familia de una joven chechena asesinada por un coronel ruso. Había representado anteriormente a Anna Politkovskaya, una periodista especializada en informar de los abusos cometidos por el Gobierno de Kadyrov. Fue asesinada en Moscú en 2006, y no se ha resuelto su asesinato.

Algunos defensores de los derechos humanos rusos han sido víctimas de la violencia por su trabajo fuera del contexto de Chechenia.

  • El activista contra la corrupción Andrei Kulagin, que trabajaba para la organización Spravedlivost (Justicia) en Petrozavodsk, en el noroeste de Rusia, fue hallado muerto en julio de 2009, dos meses después de su desaparición. En Khimki, en las afueras de Moscú, Albert Pchelintsev, que se dedica a denunciar la corrupción local, fue atacado en julio por dos hombres que le dispararon en la boca para “callarlo”, según los atacantes.
  • En agosto, la oficina de las Madres de Daguestán por los Derechos Humanos, una organización de madres cuyos hijos se consideran desaparecidos por la fuerza, fue objeto de un ataque incendiario, después de que los nombres de algunos miembros de su equipo aparecieran en un panfleto pidiendo el asesinato de los defensores de los derechos humanos.
  • En junio, Aleksei Sokolov, un defensor de los derechos humanos de Yekaterinburgo, en la región de los Urales, fue detenido por cargos claramente espurios. Sokolov, miembro de una organización de observación de las prisiones públicas, fue golpeado por la policía mientras se mofaban de él diciéndole: “¿Crees que tienes poder de supervisión sobre nosotros?”

Otros países
Rusia no fue el único escenario de ataques violentos contra defensores de los derechos humanos. Otros países en los que activistas pro derechos humanos fueron asesinados, “desaparecidos” o gravemente atacados en 2009 incluyen:

  • Kenya, donde Oscar Kamau Kingara y John Paul Oulu de la Oscar Foundation, una organización de asistencia legal, fueron asesinados en marzo en Nairobi por asaltantes no identificados, después de haber informado al Relator Especial de la ONU, Philip Alston, sobre las ejecuciones sumarias por parte de la policía.
  • Burundi, donde Ernest Manirumva de la organización de lucha contra la corrupción OLUCOME fue asesinado en abril. El Gobierno estableció inicialmente una comisión que realizó una farsa de investigación. Ante la presión, nombró una comisión de investigación aparentemente más genuina en octubre.
  • Sri Lanka, donde en mayo hombres uniformados secuestraron y “desaparecieron” a Stephen Suntharaj del Centro de Derechos Humanos y Desarrollo. No se le ha vuelto a ver desde entonces. La Corte Suprema acababa de ordenar su puesta en libertad después de dos meses de detención policial.
  • Afganistán, donde Sitara Achakzai, una destacada defensora de los derechos humanos de Kandahar, fue asesinada a tiros en abril. Llevaba semanas quejándose ante los funcionarios del Gobierno de las amenazas que había estado recibiendo, pero no hicieron nada para protegerla—una queja habitual de las mujeres afganas que participan en la vida pública, entre ellas políticas, periodistas y activistas de derechos humanos. Los esfuerzos de las autoridades por encontrar a los asesinos de Achakzai han sido escasos o nulos.
  • Malasia, donde el cuerpo de Finardo Cabilao, agregado de bienestar social de la embajada de Filipinas, fue hallado muerto a golpes en agosto. Al parecer, fue atacado como consecuencia de su trabajo en contra del tráfico de personas.
  • India, donde los abogados que representan a sospechosos de terrorismo fueron atacados físicamente por otros abogados afiliados con frecuencia a partidos militantes hindúes y amenazados por turbas. El Gobierno no adoptó medidas contra los responsables de dichos ataques. Por ejemplo, en marzo, la abogada ad honorem Anjali Waghmare se ofreció voluntaria para representar a Ajmal Amir Kasab, el único pistolero sobreviviente del atentado de Mumbai de noviembre de 2008. Una turba de 200 personas, encabezada por líderes locales del partido extremista Shiv Sena, rodearon su casa de Mumbai, arrojaron piedras y gritaron obscenidades. Un juez ordenó protección especial para la abogada, pero todavía no se ha enjuiciado a ninguno de los atacantes.
  • Uzbekistán, donde tres miembros de la Alianza de Derechos Humanos de Uzbekistán —Elena Urlaeva, Salomat Boimatova e Ilnur Abdulov— fueron detenidos por presuntos policías de paisano cuando se dirigían a la oficina de la ONU en Tashkent, en mayo de 2009, para entregar un informe sobre los defensores de los derechos humanos en Uzbekistán. Cuando los miembros de la Alianza se opusieron a la petición de visitar una comisaría de policía, tres agentes golpearon a Abdulov y forzaron a los tres a entrar en un vehículo policial que esperaba en el lugar. En la comisaría, no fueron interrogados sobre algún delito en particular y fueron puestos en libertad rápidamente. Obligaron a Urlaeva a firmar una declaración afirmando que no participaría en ninguna actividad de derechos humanos hasta el 10 de junio, fecha de la celebración del Diálogo sobre Derechos Humanos entre la Unión Europea y Uzbekistán. A pesar de la creciente presión, en octubre, la UE levantó un embargo de armamento sobre Uzbekistán, la última que quedaba en vigor de las sanciones impuestas después de la masacre de Andiján de 2005.

Sociedades cerradas y restricción de las condiciones para el activismo

Algunos gobiernos son tan opresivos que no puede existir abiertamente ningún movimiento pro derechos humanos en el país. Nadie se atreve. Estos gobiernos también impiden habitualmente las visitas de observadores internacionales de derechos humanos. En este sentido, son dignos de mención Eritrea, Corea del Norte y Turkmenistán. Birmania e Irán tienen pequeños y asediados movimientos pro derechos humanos, pero prohíben la entrada de organizaciones internacionales. Arabia Saudita no reconoce la promoción no gubernamental de los derechos humanos, ignorando a veces a los activistas solitarios, pero reprimiendo con más frecuencia a estas valientes personas cuando se amplía su audiencia, especialmente en los medios de comunicación occidentales. Somalia es tan peligroso que la observación abierta de los derechos humanos es virtualmente imposible: los últimos tres años de conflicto brutal han aniquilado la sociedad civil, y muchos activistas han sido asesinados o han huido del país. […]

23 Xaneiro 2010 - Posted by | Afghanistan, Algeria, Angola, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Burma (Myanmar), Burundi, Cambodia, Côte d'Ivoire, Chad, Chile, China, Colombia, Congo (DRC), Croatia, Cuba, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Human Rights, Human Rights Watch, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Italy, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Malaysia, Malta, Mexico, Morocco, Nepal, Netherlands, Nicaragua, Nigeria, North Korea, Pakistan, Palestine, Philippines, Poland, Politics, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Somaliland, Spain, Sri Lanka, Sudan, Syria, Thailand, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Western Sahara, Yemen, Zimbabwe

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