Blog de César Salgado

Os papeis terman do que lles poñen, e internet nin che conto…

Morenés xustifica a venda de armas a países que violan direitos humanos porque “nada é perfecto en política”

Xa falei do ministro español de Defensa, Pedro Morenés Eulate, en varias anotacións:

Hoxe traio un artigo de Juan Luis Sánchez que engade novos elementos ó sinistro perfil deste home, especializado no uso da revolving door para alterna-la política da morte coa industria da morte.

Morenés justifica la venta de armas a países que violan derechos humanos porque “nada es perfecto en política” (eldiario.es, 29 – X – 2012)

La ley en España prohíbe al Gobierno autorizar la exportación de material a lugares donde pueda ser utilizado para la “represión interna” o la “violación de derechos humanos”. El ministro de Defensa dice, sin embargo, que es correcto vender armas a “cualquier país que esté en Naciones Unidas” y “tienda” a “una situación mejor”.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha defendido la venta de armas a países que no cumplen los requisitos de la ley española, que prohíbe la exportación de armamento a zonas o estados donde puedan utilizarse para la “represión interna” o “violación de derechos humanos”.

Morenés considera que “cualquier país que esté en Naciones Unidas” y “tienda” a “una situación mejor” puede ser destinatario de armas fabricadas en España, preguntado en la Cadena SER por operaciones de venta a países que puedan usar ese material contra su población. Morenés afirma que su Gobierno, como otros, entiende que “nada es perfecto en política y en el mundo, pero si al menos se tiende a que las cosas mejoren, pues es bastante admisible” y por tanto es lícito “tener un contacto con ellos a nivel político y también comercial”.

Sin embargo, eso no es lo que dice la ley en España, que no deja el comercio de armas a un asunto de valoración meramente ética: la ley española prohíbe expresamente que el Gobierno autorice venta de armamento si no existen todas las garantías de que ese material no va a ser utilizado para “exacerbar tensiones o conflictos latentes” o “con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”. También se aclara que para juzgar si esos destinos son válidos o no, se tendrá que tener en cuenta a las organizaciones sociales que velan por los derechos humanos en esos destinos.

Precisamente una agrupación de muchas de las organizaciones más importantes en ese campo (Amnistía Internacional, Intermon Oxfam, Greenpeace, Fundació per la Pau y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria) listan cada año operaciones a destinos que no cumplen los requisitos de la ley.

Estos son los de 2011: nueve destinos “muy preocupantes” de las armas fabricadas en España sobre los que las organizaciones no tienen garantías.

1. Arabia Saudí

España está luchando por cerrar un acuerdo de hasta 3 000 millones de euros para vender 200 tanques Leopard a Arabia Saudí, uno de los países más represores del mundo, que ha endurecido las leyes contra la libertad de expresión. “No voy a entrar a analizar el régimen político de Arabia Saudí. España apoya a sus empresas”, dijo en su momento el ministro de Defensa para justificar la operación, en contra del criterio de la ley, aunque después dijo poder asegurar que “no son para reprimir manifestaciones”. Hoy Morenés ha dicho concretamente que “los países que lideran el mundo tienen una relación con Arabia Saudí porque entienden que hay una incorporación de valores que todos querríamos compartir”.

En 2011, España vendió a este país 14 millones de euros en material para aeronaves de transporte militar y proyectiles de iluminación, así como “municiones, dipositivos y componentes” para las Fuerzas Armadas. Se han autorizado para 2012 operaciones por valor de 30 millones de euros más, que incluyen la exportación de “bombas, torpedos, cohetes y misiles”.

2. Bahréin

Las fuerzas de seguridad de Bahréin han reprimido con mucha dureza durante meses la versión local de la primavera árabe, en busca de libertades y democracia. Según denuncia Amnistía Internacional, se produjo “uso excesivo de la fuerza conta manifestantes pacíficos”, en los que murieron al menos 47 personas. Más de 2.500 personas fueron detenidas, de los cuales al menos 5 murieron bajo custodia, en un sistema donde la tortura está naturalizada.

A este país, España exportó munición para aeronaves militares por valor de 6,35 millones de euros en 2011.

3. Colombia

“Aunque el Gobierno manifiesta su compromiso por los derechos humanos”, dicen las ONG de la campaña por el control de armas, “ha habido pocas mejoras tangibles”. Los grupos guerrilleros, el ejército y los paramilitares siguen violando derechos humanos y el conflicto armado es además criminal con la población civil: homocidios, secuestros, desapariciones, violencia sexual, desplazamientos.

España autorizó la venta de 24,98 millones de euros en material militar a Colombia. Por ejemplo: un avión, repuestos para aeronaves, monóculos y gafas de visión nocturna, munición de piezas de artillería y “una pistola”, según consta en los informes oficiales.

4. Egipto

La tortura y los malos tratos siguen siendo un “fenómeno habitual y generalizado” en Egipto, a pesar de la caída del régimen de Mubarak, según Amnistía Internacional. “Se prometió libertad” pero “la dura realidad es que las críticas a las nuevas autoridades no se toleran”, dicen las ONG de la campaña de Control de Armas.

A Egipto, España ha vendido casi 70 millones de euros en material militar y se han autorizado 79 millones más para 2012.

5. Estados Unidos

Según Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace, Intermon Oxfam y el IECAH, no hay “garantías suficientes de que las armas vendidas desde España” a Estados Unidos “no terminen utilizándose” en conflictos muy cuestionados como los de Irak o Afganistán “por algunas de las empresas privadas que operan allí” en nombre del país, como Blackwater (luego llamada Xe Services y ahora llamada Academi). “Tampoco existen garantías de que no puedan ser transferidas a personas vinculadas al crimen organizado en México”, dice su último informe.

Las ventas de material de Defensa de España a Estados Unidos ascienden a 115 millones de euros en 2011 y se han autorizado 177 millones para 2012. El 40% de lo ya vendido ha ido a empresas privadas de seguridad, sin contar armas de caza o tiro deportivo, que se cuentan aparte, en un país donde la tenencia personal de armas está permitida.

6. Ghana

Precisamente en la categoría de armas de caza y tiro deportivo, Ghana recibió material por importe de 7,5 millones de euros el año pasado. Todos los clientes eran empresas privadas. Este país es uno de los mejores clientes de España, que insiste que el destino de estas armas es “la caza de subsistencia”. Sin embargo, las ONG alertan de la “inestabilidad” alrededor del país, con riesgo evidente de fuga de esas armas para uso en países del entorno “en conflicto o postconflicto”.

7. Israel

Israel ha sido acusada de crímenes contra la humanidad por la ONU por su acoso militar y humanitario a la Franja de Gaza. España ha autorizado 472.545 euros en exportaciones de armas a este país, la mayoría a empresas privadas, algunas de ellas proveedoras del Ejército israelí. Se han autorizado para 2012 operaciones por valor de 11 millones de euros.

8. México

Las ONG que vigilan el comercio de armas no tienen claro “qué tipo de medidas ha tomado España para asegurarse” de que el material vendido a México por valor de casi 100 millones de euros “no está siendo o va a ser utilizado para cometer violaciones de derechos humanos” en el combate contra los cárteles de la droga con el que el Gobierno tiene una guerra abierta en la que han muerto más de 12 000 personas.

9. Pakistán

Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, fuerzas armadas y servicios de inteligencia extranjeros inmiscuidos en violaciones de derechos humanos… Algunas regiones de Pakistán son un polvorín de homicidios cruzados entre bandas rivales. A lo largo de 2011, este país recibió de España simuladores de vuelo, sistemas de radar y otros materiales de aeronaves por valor de 12 millones de euros. Se han autorizado 10 millones más para este 2012, entre los que se encuentran “equipos para entrenamiento o simulación militar”.

Además, las ONG reclaman más información sobre las garantías de las exportaciones a otros destinos como Emiratos Árabes Unidos, Perú, Venezuela, Túnez, Turquía, Irán o China.

Celebran que se hayan retirado e incluso cancelado operaciones que alimentaban de armamento a países como Libia. Pero llegaban tarde: solo en la primera mitad de 2010, Libia recibió por parte de empresas españolas material militar para aeronaves por valor de 3,3 millones de euros. Las Fuerzas Armadas de Libia, según los datos oficiales, se gastaron en España casi 7 millones de euros y estaban a la espera de tramitarse operaciones autorizadas por valor de 7 millones más. En 2009, Libia también fue uno de los destinos principales de los materiales de doble uso (policial y militar) fabricados en España: más de 12 millones de euros en radares para navegación y control del tráfico aéreo civil con repuestos para mantenimiento, así como en sustancias químicas para uso académico, según el informe oficial. Una de las empresas que vendió bombas de racimo, antes de que fueran prohibidas, a la Libia de Gadafi fue Instalaza, de la que era consejero el ministro Pedro Morenés.

¿Quién autoriza y cómo funciona la exportación de armas?

Cuando hablamos de comercio de armas no hablamos de libre mercado, así, a secas. Es el Gobierno el que filtra las operaciones, aunque la fabricación de armamento y la negociación con clientes corresponde a empresas privadas. Las compañías se buscan la vida, llegan a acuerdos con Gobiernos, proveedores de ejércitos extranjeros, empresas de seguridad o colectivos interesados. Y ese acuerdo se lleva a una mesa oficial donde se reúnen varios ministerios, que es la única que puede autorizar las operaciones. Una por una.

Esa mesa es la de la JIMDDU [Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Defensa y de Doble Uso], un órgano integrado en el organigrama del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (no del ministerio de Exteriores). Esa mesa la preside la Secretaria de Estado de Comercio y, en su ausencia, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Entre los vocales destacan el Director de Inteligencia del CNI, el de Asuntos Estratégicos y Terrorismo del ministerio del Interior, y otros cargos policiales y comerciales. Ahora volvemos a este punto, pero antes un poco de historia.

La JIMDUU tiene su origen en la antigua Junta Reguladora de Exportación de Armas y Explosivos, creada en 1971 por el Gobierno de Luis Carrero Blanco ante “la importancia cada día mayor” que estaba adquiriendo el comercio de ese tipo de material. En 1978, pocos días antes de la promulgación de la Constitución, el Gobierno de Adolfo Suárez convierte la junta en “interministerial” para “ampliar su campo de acción a todo el comercio exterior” de armas.

Las actas de la JIMDUU son secretas. Aparte de balances semestrales, no hay registro público de las reuniones que se mantienen una vez al mes para analizar y autorizar o denegar las operaciones solicitadas. Las organizaciones sociales plantean que no pueden hacer un ejercicio de seguimiento útil si no conocen las operaciones inmediatamente después de haber sido autorizadas.

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31 Outubro 2012 Posted by | Afghanistan, Amnesty International, Bahrain, China, Colombia, Egypt, Ghana, Greenpeace, Human Rights, Iran, Iraq, Israel, Landmines, Libya, Mexico, Pakistan, Peru, Politics, Saudi Arabia, Spain, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, United States, Venezuela | Deixar un comentario

“La banca armada. Inversiones explosivas de bancos y cajas” (informe do Centre Delàs)

Leo no blog da Asociación Fiare Galiza que o Centre d’Estudis per la Pau “J. M. Delàs” (de Justícia i Pau) vén de publicar un informe de Jordi Calvo Rufanges, titulado “La banca armada. Inversiones explosivas de bancos y cajas”.

Neste informe aparecen desglosados os créditos e investimentos realizados na industria militar por bancos e outras entidades financeiras, tanto se teñen base de operacións no Estado español (neses rankings destacan os dous xigantes BBVA e Santander) como se a teñen no estranxeiro (aí a lista é máis densa, con 18 entidades por riba dos 500 millóns de euros). Mesturando os datos dunha e doutra lista (o capital non coñece fronteiras e a morte tampouco), estes serían os principais financiadores do negocio armamentístico en España (cifras en millóns de €):

Merece a pena saber en que se gastaron estes cartos, e este informe é unha boa aproximación. A investigación completa precisa de transparencia, e non creo que vaia ser fácil tendo España un ministro de Economía que vén de Lehman Brothers e un ministro de Defensa cun amplo curriculum na industria armamentística, incluíndo a Instalaza, fabricante de bombas de fragmentación…

15 Marzo 2012 Posted by | Centre Delàs, Human Rights, Landmines, Politics, Spain | Deixar un comentario

Chomsky: “Cómo reconocer a la no-gente”

Noam Chomsky, lingüísta, filósofo, historiador, activista político… Escribiu grandes obras (eu comentei neste blog o libro “Hegemony or survival”), pero tamén con frecuencia nos ilustra con pequenos artigos como este que traio hoxe. Fala do peculiar e nada inocente tratamento que os mass media dan ás noticias con repercusión xeoestratéxica: sostendo a atención do público sobre determinados acontecementos e persoas mentras silencian e ocultan completamente outros acontecementos e outras persoas.

Un dos asuntos que trata este artigo é o recente bombardeo sobre Libia. Debemos ter presente que España participou directamente nos ataques contra o réxime de Muammar Gaddafi, e que ademais participou indirectamente nos ataques de Gaddafi contra a poboación civil, porque parte das bombas de fragmentación usadas polas forzas de Gaddafi fabricounas Instalaza. Un dos máis valiosos empregados de Instalaza era Pedro Morenés, o actual ministro de Defensa. Todos os medios pregoaron o malo que era Gaddafi e, non obstante, pouco se dixo do bo que foi o seu diñeiro cando pagou as nosas bombas…

“Cómo reconocer a la no-gente” (La Jornada, 8 – I – 2012; en inglés: Recognizing the “Unpeople”, Truthout, 7 – I – 2012)

El 15 de junio, tres meses después de que empezara el bombardeo de la OTAN en Libia, la Unión Africana presentó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la postura africana sobre los ataques –en realidad, el bombardeo de los agresores imperialistas tradicionales, Francia y Gran Bretaña, acompañados esta vez por Estados Unidos, que inicialmente coordinó el asalto, y otras naciones al margen.

Debe recordarse que hubo dos intervenciones. La primera, conforme a la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada el 17 de marzo, establecía una zona de proscripción aérea, el cese al fuego y medidas para proteger a los civiles. Pero después de unos momentos, esa intervención fue hecha a un lado cuando el triunvirato imperial se alió con el ejército rebelde, sirviéndole de fuerza aérea.

Al iniciarse el bombardeo, la Unión Africana exhortó a seguir el camino de la diplomacia y las negociaciones, a fin de evitar una muy probable catástrofe civil en Libia. En menos de un mes, la Unión Africana había recibido el respaldo de los países del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y otros, en especial de Turquía, la principal potencia regional, miembro también de la OTAN.

De hecho, el triunvirato estuvo muy aislado en sus ataques, emprendidos para eliminar a un tirano mercurial, al que habían apoyado cuando resultaba ventajoso. Las esperanzas estaban puestas en un régimen que estuviera mejor dispuesto hacia las exigencias occidentales de controlar los ricos recursos de Libia y que, quizá, le ofreciera una base en África al comando africano de Estados Unidos, AFRICOM, hasta ahora confinado en Stuttgart.

Nadie puede saber si los esfuerzos relativamente pacíficos contemplados en la resolución 1973 de la ONU, y respaldados por la mayor parte del mundo, habrían logrado evitar la terrible pérdida de vidas y la destrucción que sucedieron en Libia. El 15 de junio, la Unión Africana informó al Consejo de Seguridad que “ignorar a la unión durante tres meses y proseguir el bombardeo de la santa tierra de África ha sido arbitrario, arrogante y provocativo”. La Unión Africana presentó un plan de negociaciones y patrullaje dentro de Libia, a cargo de fuerzas de la misma UA, junto con otras medidas de reconciliación. Todo fue en vano.

El exhorto de la UA al Consejo de Seguridad también estableció el fondo de sus preocupaciones: “La soberanía ha sido un instrumento de emancipación de los pueblos de África, que están empezando a trazar caminos de transformación en la mayoría de los países africanos, después de siglos de depredación por el comercio de esclavos, el colonialismo y el neocolonialismo. Los ataques temerarios contra la soberanía de los países africanos son, por lo tanto, equivalentes a infligir heridas nuevas en el destino de los pueblos de África.”

El llamado africano puede encontrarse en la publicación india Frontline, pero básicamente pasó desapercibido en Occidente. Eso no debe sorprendernos: los africanos son no-gentes [unpeople], por adoptar el término que George Orwell aplica a quienes no son adecuados para entrar en la Historia.

El 12 de marzo, la Liga Árabe ganó la condición de gente al apoyar la resolución de la ONU. Pero el apoyo pronto desapareció, cuando la Liga se negó a apoyar el posterior bombardeo occidental contra Libia. Y el 10 de abril, la Liga regresó a su condición de no-gente al exhortar a la ONU a imponer una zona de restricción aérea también sobre la franja de Gaza y a levantar el asedio israelí. Este exhorto pasó prácticamente desapercibido.

Esto también fue lógico. Los palestinos son el prototipo de la no-gente, como lo vemos regularmente. Examinemos el número de noviembre-diciembre de la revista Foreign Affairs, que se inicia con dos artículos del conflicto palestino-israelí. Uno, escrito por los funcionarios israelíes Yosef Kuperwasser y Shalom Lipner, culpa del conflicto a los palestinos, por negarse a reconocer a Israel como Estado judío (atenidos a la norma diplomática: se reconoce al Estado, no a sectores privilegiados dentro de él).

El segundo artículo, del académico estadounidense Ronald R. Krebs, atribuye el problema a la ocupación israelí. El artículo tiene este subtítulo: “Cómo está destruyendo a la nación la ocupación”. ¿A qué nación? A Israel, por supuesto, perjudicada por tener su bota en el cuello de la no-gente.

Otra ilustración: en octubre, los titulares anunciaron con fanfarrias la liberación de Gilad Shalit, el soldado israelí capturado por Hamas. El artículo de The New York Times Magazine se dedicó al sufrimiento de su familia. Shalit fue liberado a cambio de cientos de no-gentes, de quienes supimos muy poco, aparte del sobrio debate respecto de si su liberación perjudicaría o no a Israel.

Tampoco supimos nada de los cientos de otros detenidos en prisiones israelíes durante largos periodos sin haber sido acusados formalmente. Entre esos prisioneros anónimos están los hermanos Osama y Mustafa Abu Muamar, civiles secuestrados por las fuerzas israelíes que atacaron Gaza el 24 de junio de 2006, al día siguiente de que Shalit fuera capturado. Los hermanos estaban “desaparecidos” en el sistema penitenciario israelí.

Al margen de lo que pensemos de capturar a un soldado de un ejército que nos ataca, secuestrar civiles es un delito mucho más grave. A menos, claro, que esos civiles sean simples no-gentes. Ciertamente, esos delitos no se comparan con muchos otros, por ejemplo, con los crecientes ataques a ciudadanos israelíes beduinos, que viven en el Neguev, en el sur del país. Los beduinos israelíes están siendo expulsados conforme a un nuevo programa, destinado a destruir decenas de aldeas beduinas, a las que habían sido trasladados anteriormente. Por razones benignas, por supuesto. El gabinete israelí explicó que se crearían ahí diez asentamientos judíos “para atraer nueva población al Neguev”. Es decir, para reemplazar no-gentes con gente legítima. ¿Quién puede ponerle alguna objeción a eso?

Esa extraña especie de no-gentes puede encontrarse en todas partes, incluso en Estados Unidos: en las prisiones que son un escándalo internacional, en los comedores públicos, en los deteriorados barrios bajos. Pero los ejemplos son engañosos. La población mundial en su conjunto vacila al borde de un agujero negro.

Tenemos recordatorios cotidianos, incluso de incidentes muy pequeños. Por ejemplo, el mes pasado, cuando los republicanos de la Cámara de Representantes estadunidense bloquearon una reorganización, prácticamente sin costo, para investigar las causas de los extremos climatológicos de 2011 y proporcionar mejores previsiones.

Los republicanos temieron que eso fuera la punta de lanza de la “propaganda” del calentamiento global, un “no-problema” según el catecismo recitado por los aspirantes a la nominación de lo que hace años era un auténtico partido político.

¡Qué pobre y triste especie!

19 Xaneiro 2012 Posted by | Brazil, China, France, Human Rights, India, Israel, Landmines, Language, Libya, Palestine, Politics, Propaganda, Russia, South Africa, Spain, Turkey, United Kingdom, United States | Deixar un comentario

España: o ministro de Defensa e o lobby das armas (incluídas bombas de fragmentación)

Morenés fue consejero de una firma que vendía bombas de racimo (Público, 21 – XII – 2011)

El actual ministro de Defensa fue hasta hace un mes representante de Instalaza S.A., cuyas bombas de racimo fueron usadas por Gaddafi.

HÉCTOR JUANATEY. Madrid. 21/12/2011.

El nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, fue consejero y hasta hace un mes representante de la empresa Instalaza S.A., fabricante de bombas de racimo hasta 2008, que fueron utilizadas por las fuerzas leales al exlíder libio, Muammar Gaddafi, contra la población civil, según desveló el diario estadounidense The New York Times.

Morenés es además el actual director ejecutivo en España de la empresa MBDA (ver comunicado de la empresa en PDF), que diseña, fabrica y vende misiles.

El ministro de Defensa entró a formar parte de Instalaza S.A. el 26 de agosto de 2005 como consejero. Estuvo en ese puesto casi dos años, hasta el 31 de mayo de 2007, fecha en la que cesó para ser nombrado representante, cargo que ostentó hasta el 20 de septiembre de este mismo año, registrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del martes 4 de octubre de 2011, solo un mes antes de que se celebrasen las elecciones generales.

Mientras ocupaba el cargo de representante, y según desveló Cinco Días el pasado 9 de mayo, Instalaza decidió reclamar al Gobierno “una compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante después de que España decidiera prohibir las bombas de racimo”.

En diciembre de 2008 un total de 107 países, entre ellos España, ratificó un tratado internacional que prohibía el uso, desarrollo, fabricación, adquisición y almacenamiento de bombas de racimo. Un mes después, el 6 de enero de 2009, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguraba que el Gobierno aprobaría “en pocos días” las nuevas Reales Ordenanzas —normas de conducta para las Fuerzas Armadas— que suponían, entre otras cosas, “la exclusión del uso de ciertas armas y tácticas que repugnan a la conciencia moderna”, como las bombas de racimo.

Casi dos años después, la organización Human Rights Watch (HRW) confirmaba lo que era de esperar: España y otros países que se habían comprometido a eliminar las bombas de racimo habían destruido ya un total de 176 000 artefactos. Según EFE, España se adscribió no obstante a la excepción que permitía conservar los artefactos de racimo que no excedían las 20 000 minibombas con el fin de investigar y entrenar.

La polémica se desató este mismo año, el 15 de abril. El periódico estadounidense The New York Times sacaba a la luz una información (“Qaddafi Troops Fire Cluster Bombs Into Civilian Areas”) que denunciaba el uso de bombas racimo por parte de las fuerzas del entonces líder libio, Muammar Gaddafi, contra la población civil libia. Según destapaba el diario estadounidense, las bombas de racimo descubiertas se correspondían a proyectiles de mortero MAT-120 fabricados en España en el año 2007. The New York Times apuntaba directamente a una empresa española: Instalaza S.A., de la que fue consejero y posteriormente representante el recién nombrado ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

En el catálogo de productos que Instalaza posee en su página web, aún mantienen el MAT-120, aunque explican que se trata de “munición de racimo prohibida por decisión del Consejo de Ministros de España del 11 de julio de 2008 y la posterior firma del texto de la Convención de Oslo el 3 de diciembre de 2008″. No obstante, restan peligrosidad al artefacto: “La munición MAT-120 de INSTALAZA fue diseñada con el objetivo de ANULAR el riesgo de explosión accidental, en caso de que alguna submunición no hubiese detonado al impactar con el terreno”.

Los defensores del gasto público si es para armas se frotan las manos con el nuevo ministro (elplural.com, 22 – XII – 2011)

Los aznaristas del GEES aseguran que el nuevo titular de Defensa es un “español de pro”, pero sobre todo lo presentan como un hombre volcado con la industria relacionada con el ministerio del que va a ser titular.

Algunos de los sectores conservadores que abogan por los recortes presupuestarios sin miramientos no tienen inconveniente en apelar al trabajo o a la importancia estratégica para argumentar lo contrario cuando se trata de Defensa, y ese es el caso del GEES [Grupo de Estudios Estratégicos], como informó ELPLURAL.COM (ver “Los ‘keynesianos armamentistas’ de Aznar ya asoman la cabeza: el GEES demoniza el gasto público, salvo si es para tanques” en elplural.com, 7 – XI – 2011).

Los ‘keynesianos’ del gasto en Defensa aplauden el nombramiento

Precisamente el instituto de propaganda neocon de la órbita de Aznar que defiende el gasto público cuando es para Defensa se ha mostrado muy satisfecho por la elección del nuevo titular del ramo, Pedro Morenés. En un artículo difundido este jueves, el GEES presenta al nuevo ministro como “español de pro”, pero sobre todo insisten en su apoyo a la industria del sector.

Su pasado como agente comercial

El GEES alude al paso de Morenés por la secretaría de Estado de Defensa entre 1996 y 2000 para recordar que fueron “los años de la privatización de empresas públicas como Indra o Santa Bárbara” o que entonces mostró una “gran capacidad de trabajo” para viajar por ejemplo a Sudáfrica o Noruega a “apoyar la venta de fragatas de Navantia”. También subrayan que cuando pasó luego por Ciencia y Tecnología “continuó apoyando al sector industrial de defensa”.

Conocedor de las personas “ligadas al mundo de la Defensa”

Pero el think tank no cuenta que el pasado reciente de Morenés está ligado a la industria bélica privada, con lo que no queda muy claro qué intereses pretenden los aznaristas que defienda ahora. Si advierten de que “si hay alguien que conoce bien a las personas ligadas al mundo de la defensa es, sin duda, Pedro Morenés”.

La exempresa del ministro de Defensa reclama al Gobierno 40 millones por obligarle a destruir sus bombas de racimo (elplural.com, 22 – XII – 2011)

El nuevo ministro de Defensa no tiene nada que ver con su antecesora Carme Chacón, a quien la derecha acusó de haber convertido el Ejército en una especie de ONG por su defensa del pacifismo. Pedro Morenés ha destacado en los últimos años por ser un alto directivo de la industria armamentística. Trabajó hasta hace un mes en una firma dedicada, entre otras cosas, a la fabricación y venta de bombas de racimo.

MARISU MORENO.

Carme Chacón convirtió a España en el primer país que prohibió la fabricación y venta de bombas de racimo, en aplicación del Convenio de Oslo de 2008 -que a estas alturas algunos países siguen sin incorporar a su legislación-. Su sucesor fichó en 2005 como consejero y representante de Instalaza, la única compañía que fabricaba en España este tipo de armas destructivas. Pedro Morenés ha estado allí hasta hace un mes, según consta en el Boletín del Registro mercantil, tal y como recoge este jueves el diario Público.

El cliente Gaddafi

Entre los clientes de Instalaza figuró el régimen de Gaddafi en Libia, a quien vendió bombas de racimo hasta tres meses antes de la moratoria aprobada por el Gobierno de Zapatero. Estas bombas, modelo MAT-120, fueron usadas por Gaddafi contra la población civil durante la rebelión que acabaría con él mismo y su régimen dictatorial.

Reproches del PP

El PP pidió explicaciones el pasado mes de abril al Ejecutivo socialista por la venta de estas armas destructivas a Libia. Esteban González-Pons, secretario de Comunicación del PP recriminó a Chacón que “con bombas españolas se está matando a población inocente en Libia”. ¿Criticará ahora con la misma fuerza al ministro exfabricante de este tipo de bombas?

Indemnización por daños y perjuicios

Pero la sombra de Instalaza es alargada y ahora que está en el Gobierno, Morenés verá cómo se resuelve el litigio de su antigua empresa con el Ejecutivo, al que reclama una indemnización de 40 millones de euros por los perjuicios provocados por su decisión de erradicar su producto estrella, las bombas de racimo. La compañía alega la pérdida de contratos con Libia o Finlandia y haber tenido que destruir existencias por valor de 4 millones de euros, según recogió el diario Cinco Días el pasado 31 de octubre.

Misiles y seguridad en el Índico

Morenés era hasta ahora director general de la empresa de misiles MBDA y presidente de Segur Ibérica, una de las compañías contratadas por el Ejecutivo para velar por la seguridad de los atuneros españoles en el Índico [ver “El negocio de la seguridad en los atuneros del Índico” en Cinco Días, 23 – XI – 2009].

Responsabilidades públicas con Aznar

De la mano de José María Aznar entró en política. Su último cargo público fue el de secretario de Estado de Ciencia y Tecnología, con Josep Piqué como ministro. Previamente había sido secretario de Estado de Defensa entre 1996 y 2000, con Eduardo Serra al frente.

Con el azote del empleo juvenil…

Desde 2005 y hasta mayo del año pasado fue el secretario general del conservador Círculo de Empresarios. Durante la campaña electoral, el presidente de esta organización empresarial, Claudio Boada, reclamó para España una “economía de guerra” con despidos de funcionarios, subida de tasas universitarias y reducción del salario mínimo de los jóvenes.

…y el marido de Esperanza Aguirre en el Club de Golf, un club muy aristocrático patrocinado por la monarquía

Es además un gran jugador de golf. Entre sus hitos personales está haberse convertido en 2006 en el primer presidente elegido democráticamente del elitista Real Club Puerta de Hierro de golf. En su directiva figura también el conde de Murillo, marido de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, gran aficionada a este deporte. Se trata de un selecto club inaugurado en 1909 por el rey Alfonso XIII. Los terrenos donde se ubican fueron cedidos precisamente por la monarquía. Por empeño personal del duque de Alba, Carlos María Fitz-James Stuart, allí se practicaban los deportes de la aristocracia: polo, golf y tenis. Ahora han ampliado su oferta y pueden practicarse allí otros deportes como hípica, bridge y padel.

Morenés presidía dos empresas que proveen a Defensa (La Verdad, 26 – XII – 2011)

Su prolífica carrera ejecutiva incluye tres altos cargos en asesorías y fábricas de armas y la consejería de otras cinco compañías.

MATEO BALÍN. Madrid.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, dirigía dos empresas que proveían armamento y seguridad a las Fuerzas Armadas hasta su nombramiento el pasado jueves. Se trata de la filial española de la multinacional MBDA, encargada de fabricar misiles, entre otro material de defensa, y la empresa Segur Ibérica, que presta servicios de seguridad privada. En MBDA accedió a la presidencia ejecutiva en junio de 2010, cuando fue fichado para relanzar la oficina de Madrid y reforzar las relaciones institucionales con Defensa, mientras que a la presidencia de Segur Ibérica llegó en octubre pasado.

Estas dos empresas forman parte de la lista de compañías distribuidoras al ministerio durante la etapa de Carme Chacón y tienen contratos vigentes en la actualidad. La multinacional europea, por ejemplo, firmó dos grandes contratos en 2007 y 2008. El primero ascendió a 27,7 millones a pagar en cinco anualidades, entre 2007 y 2011, e iba dirigido a la adquisición de los misiles modelo Mistral para los helicópteros de combate españoles Tigre. El segundo contrato es más voluminoso, 100 millones de euros más 2,4 millones adicionales, y se firmó para desarrollar el programa europeo de misiles Meteor.

El proyecto Meteor fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales de 2008, participan siete empresas españolas y su financiación se distribuye en seis anuales, de 2009 a 2015. El objetivo final es dotar al Ejército del Aire de estos avanzados misiles, que en su momento se presentaron como un importante logro para la industria de defensa española. La llegada de Morenés al ministerio, por lo tanto, coincidirá con la vigencia de este programa en el que participa MBDA.

Más austero es el contrato con Segur Ibérica, a donde el ministro llegó en octubre pasado. Defensa contrató los servicios de esta empresa de seguridad en 2009 y 2010. El primero se firmó por 1,2 millones para suministrar la vigilancia privada de varias dependencias oficiales entre 2010 y 2011, por lo que debería de ser renovada en próximas fechas. El más reciente fue concedido por el Consejo de Ministros a través de un decreto de subvenciones excepcionales para contratar seguridad privada en los buques atuneros que operan en el Índico, y que se enfrentan a la piratería somalí armada.

El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, concedió este servicio a la empresa Segur Ibérica, pese a que existían al menos otras dos compañías del gremio que tenían interés en solicitarlo. Segur Ibérica ha dotado en exclusiva de vigilantes a los atuneros vascos y gallegos durante los años 2010 y 2011. Además, ha podido formar a su plantilla en el Instituto Tecnológico de La Marañosa (Madrid), un centro del ministerio.

Trampolín

El perfil ejecutivo de Morenés se hizo patente en su aterrizaje en Segur Ibérica. Es la historia de una empresa adquirida por un fondo de capital riesgo español, MCH Private Equity, del que el nuevo ministro era ni más ni menos que presidente del comité estratégico. Su ascenso se produjo poco después de que MCH diera el último bocado a la empresa familiar con la compra del 55% de sus acciones.

Pero su prolífica carrera empresarial no acaba ahí, pese a gestarse básicamente entre 2005 y 2011, justo después de abandonar la política. Y es que Morenés fue tres veces secretario de Estado con el Gobierno de Aznar. Entre 1996 y 2000 se labró un nombre en la industria militar como secretario de Estado de Defensa; entre 2000 y 2002 fue ‘número dos’ de Interior con Jaime Mayor Oreja y Mariano Rajoy; y hasta marzo de 2004 fue subordinado de Josep Piqué en Ciencia y Tecnología.

Su trampolín como hombre de negocios llegó a través del Círculo de Empresarios, del que era secretario general desde marzo de 2005. De ahí dio el salto a Instalaza, una empresa armamentística conocida por la fabricación de bombas de racimo, donde fue consejero entre agosto de 2005 y mayo de 2007, poco antes de que el Gobierno de Zapatero aprobara la prohibición de su venta. Pese a cesar como consejero mantuvo el cargo de representante hasta el pasado 4 de octubre.

Se da la circunstancia de que en este periodo, la compañía, que está en quiebra técnica, reclamó 40 millones al Ejecutivo por los daños y perjuicios generados por el veto al negocio de las bombas de rácimo, ya que Instalaza producía en exclusividad en España.

Posteriormente, Morenés presidió una empresa naval y hasta su nombramiento como ministro ostentaba la dirección en otras tres empresas, de fabricación de armas, rifles, asesoría fiscal y tecnología de seguridad, y era consejero de otras cinco compañías, dos de ellas relacionadas con la industria militar.

Cargos ocupados en la industria por el actual ministro

  • Director general en la multinacional MBDA: 130,1 millones de euros firmados por Defensa para la compra de misiles Mistral y Meteor para las Fuerzas Armadas.
  • Presidente de Segur Ibérica: 3,1 millones de euros aprobados por Defensa para la seguridad de edificios ministeriales y proteger a los buques atuneros.
  • Presidente de I-SEC IBERIA: sociedad limitada que se dedica a la fabricación de sistemas y teconología de seguridad.
  • Presidente de KUITVER: sociedad limitada que asesora fiscalemte a otras empresas y que prestó servicio a dos empresas en las que trabajó Morenés: Instalaza y Construcciones Navales del Norte.
  • Presidente de BOGUILLAS: sociedad limitada que se dedica a la fabricación de armas, rifles de precisión y municiones.
  • Presidente asesor de NORMAN BROADBENT: consultoría y asesoría para altos ejecutivos.
  • Presidente estratégico de MCH PRIVATE EQUITY: un fondo español de capital riesgo que cuenta con 500 millones de euros con los que invertir en otras empresas.
  • Miembro del consejo de REPASA: empresa de remolcadores de puerto y altura.
  • Miembro del consejo de GAMO: fabricantes de carabinas, pistolas y armas de aire comprimido para tiro deportivo.
  • Miembro del consejo de INGENIO 3000: empresa de innovación, comercialización, investigación, aplicaciones y proyectos.
  • Miembro del consejo de ARITEX: montaje de aviones Airbus.
  • Miembro del consejo de INFORPRESS: gabinete de comunicación.

“Pedro Morenés, un ministro de Defensa de armas vender y gasto militar disparar” (Rebelión, 1 – I – 2012)

Estitxu Martínez de Guevara. Rebelión / Colectivo Gasteizkoak.

En las últimas semanas, a raíz del nombramiento del nuevo Gobierno español, se han publicado sorprendentes datos en torno al nuevo ministro de Defensa, el “ministro vasco” del ejecutivo. Curiosamente ha sido omitida mucha información, así como algunas de sus “grandes hazañas”, que aún pagamos todas, y que seguiremos pagando durante décadas. Vayamos a ello.

Un currículo de “armas vender”

Este vizcaíno, de Getxo, procede de una de las grandes familias burguesas de Las Arenas (segundo hijo del Vizconde de Alerón y nieto de los condes del Asalto, grandes de España), es poseedor de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y, hasta hace poco, ha sido presidente del elitista “Club Puerta de Hierro” madrileño y secretario general del Círculo de Empresarios.

Por lo que respecta a su trayectoria en la Administración, de la mano de los Gobiernos de Aznar, fue Secretario de Estado de Defensa entre 1996 y 2000 (siendo ministro Eduardo Serra), Secretario de Estado de Seguridad entre 2000 y 2002 (siendo ministros Jaime Mayor y Mariano Rajoy) y Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004 (siendo ministro Josep Piqué). A parte de todo ello (o gracias a ello) ahora llega a la titularidad del Ministerio de Defensa, eso sí, tras acumular en los años posteriores a sus cargos administrativos un extenso currículo por buena parte de las empresas que componen el mercadeo de la muerte que constituye la industria de armamento.

Así, desde mediados de 2005 y hasta hace pocos meses, ha sido consejero o representante de Instalaza, empresa fabricante de municiones y bombas especialmente deleznables como, por ejemplo, las llamadas “bombas racimo”, sobre las que en 2008 un tratado internacional suscrito por 107 países estableció la prohibición de uso, desarrollo y fabricación. Esto no debió gustarle a la empresa representada por Morenés, pues recientemente ha reclamado al Gobierno español una “compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante” (Cinco Días, 9 – V – 2011) por dejar de producirlas. No podemos hacernos una idea, aunque nos lo podemos imaginar, de qué pensará, por ejemplo, la población civil libia que ha sido uno de los “objetivos” contra los que (según denunciaba el New York Times el pasado 15 de abril) se han utilizado las “bombas racimo” MAT-120 fabricadas por la empresa aragonesa defendida por el actual ministro de Defensa, y que exporta sus criminales producciones a más de 90 ejércitos.

No obstante, al actual ministro, sin duda un “hombre de armas tomar” (para luego venderlas, se supone), no le debía parecer suficiente este tipo de armamento, por lo que en los últimos meses se decidió a compatibilizar su cargo en Instalaza con el de Presidente ejecutivo de la empresa paneuropea de misiles MBDA. Esta empresa ha suministrado dos grandes contratos de misiles al Gobierno español del que ahora forma parte Morenés; el primero, de casi 28 millones de euros, por la venta de misiles Mistral para los helicópteros de ataque “Tigre”; el segundo se trata de un contrato de más de 100 millones de euros para el suministro de misiles a los “Eurofighter” españoles. Este programa sigue actualmente en vigor, por lo que Morenés tendrá que abonar la cuenta a sus, hasta ahora, compañeros de empresa (o no; ahora entraremos en ello). De paso también se ven favorecidos unos antiguos vecinos de Morenés, ya que la vizcaína empresa SENER Aeronáutica (ubicada en Las Arenas, qué casualidades) es responsable del diseño y producción del sistema de actuación y control del misil contratado por Defensa.

Pero no pensemos que esta casualidad es el único contacto de Morenés con los mercaderes de la muerte made in Euskadi, qué va. También ha formado parte del Consejo de Administración de SAPA, la empresa guipuzcoana de la familia del presidente de la Real, Jokin Aperribay, especializada en carros de combate, cañones y otro elementos de artillería, en cuyo consejo coincidía con otro de sus amigos del “Club Puerta de Hierro”, Enrique Falcó y Carrión, también miembro de la “nobleza” por ser Conde de Elda.

No acaban aquí las relaciones de Morenés con la industria de la muerte. Este ínclito personaje ha sido, hasta ahora, presidente de la empresa KuitVer Estudios SL, especializada en I+D+i, y que se define como “asesores tecnológicos que basan su acción en el conocimiento del sistema y de las personas que lo gestionan”; y si algo conoce Morenés a fondo y por dentro es el sistema y las personas que gestionan los recursos del Ministerio de Defensa y los de Interior. Algunos de los que hasta ahora eran los principales clientes de KuitVer, en concreto, los ligados al sector de “Seguridad y Defensa”, como INDRA, Instalaza, INTA, Amper, Ariex Complex… o las vascas SENER, SAPA-Placencia, ITP o Aernnova, es decir, “lo más granado” de la vergonzante industria militar vasca, estarán encantados de su nombramiento.

Por si fuera poco, en el caso de Morenés se demuestra que también en otros sectores han sabido valorar su conocimiento de los entresijos de los Ministerios de Interior y Defensa, por los que ha pasado. Buena prueba de ello es su recientísimo nombramiento como Presidente y Consejero de la empresa de seguridad privada, Segur Ibérica, la que, por cierto, ha recibido adjudicaciones de contratos en los últimos tres años (algunos aún en vigor) por valor de más de 4 millones de euros para la vigilancia y seguridad de diversas dependencias… del Ministerio de Defensa. También es la empresa de seguridad privada contratada para custodiar los atuneros vascos en el océano Índico.

El impulsor del tremendo derroche militar: una deuda de más de 30 000 millones de euros

El pasado 13 de agosto, El País publicaba que “Defensa renegocia 26 000 millones en armamento que no puede pagar”. La noticia hacía referencia a un mecanismo de financiación puesto en marcha a finales de los 90, que buscaba no contabilizar como gasto militar lo derrochado en los grandes programas de armamento. Consistía en que el Ministerio de Industria concedía a las empresas adjudicatarias de los grandes programas de armamento unos anticipos reintegrables sin intereses, con la finalidad de que las empresas fabricantes hicieran frente a las fases de desarrollo y al inicio de la producción; cuando Defensa recibiera el armamento debía realizar el pago a las empresas para que, entonces, estas devolvieran los anticipos a Industria.

Con ese mecanismo, como señala Constantino Méndez -hasta hace unos días Secretario de Estado de Defensa-, en un reciente informe sobre la situación financiera presupuestaria de los programas especiales de armamento que han generado esa deuda, “el proceso seguido se ha desarrollado de forma incoherente y poco planificada, sobre la base de un modelo obsesionado en las adquisiciones pero indiferente al impacto financiero de las mismas y a su sostenimiento posterior. Un modelo que creó una ilusión financiera totalmente alejada de la senda de gasto que los presupuestos de Defensa podían y pueden soportar, un modelo alejado de la disciplina propia del gasto público. Esa falta de disciplina es la causa central de los problemas analizados y está referida a un tiempo concreto: el periodo que va desde el año 1997 al año 2004 en el que se generan más del 80% de las obligaciones que han de ser atendidas en el presente y futuro”.

Pues bien, cabría preguntarse quién ha sido el responsable directo de lo que el Secretario de Estado de Defensa cesante califica tan duramente, y parecería lógico responderse que no es otro que el Secretario de Estado de Defensa que lo puso en marcha, en 1997, esto es, Pedro Morenés Eulate, el actual Ministro de Defensa. Él fue quien impulsó los principales programas de armamento (avión de combate europeo Eurofighter; carro de combate Leopard y las fragatas F-100) cuyo coste supone hoy más de la mitad de la deuda acumulada por Defensa. Y para completar el rizo, de 2002 a 2004 siguió aprobando nuevas partidas para las empresas de armamento a través del sistema por él impulsado, solo que en esta ocasión desde su cargo de Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología, que sustituía al Ministerio de Industria.

Pero, claro, cuando Morenés presentaba en el Congreso ese “mecanismo de financiación” para ponerse en marcha en los presupuestos de 1997, lo hacía como si fuera a ser la panacea: “(…) ha arbitrado mecanismos para la financiación, por vía del Ministerio de Industria, de proyectos de armamento y material, que sin duda redundarán en beneficio de la condición industrial de España en este área y en otras afines. En el ejercicio de 1997 este mecanismo financiero del Ministerio de Industria incluirá créditos por valor de 35 000 millones de pesetas (…) Este acuerdo entre Defensa y Industria permitirá a la primera iniciar inmediatamente programas que, de otra manera, deberían posponerse con incidencias desde el punto de vista de la operativa militar (…) En las actuales circunstancias de austeridad presupuestaria, el Ministerio de Defensa debe ser capaz de arbitrar soluciones a los problemas de modernización de las Fuerzas Armadas en paralelo y como parte fundamental del proceso de profesionalización. En ese entorno es a lo que se debe la participación del Ministerio de Industria (…)”.

Estas apreciaciones de Morenés chocan de frente con lo declarado por el citado Constantino Méndez en una comisión parlamentaria el 6 de octubre de 2010, cuando afirmó que “No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora”.

Y sin embargo, la auténtica carrera armamentística impulsada por Morenés no terminó ahí. También fue él quien puso en marcha el mecanismo por el cual el Ministerio de Defensa podía dedicar el importe de su particular desamortización a la adquisición de más armamento (vendiendo terrenos que, en su día, expropió a ayuntamientos y poblaciones, a los que deberían haber revertido). Así, en la presentación de los presupuestos para 1997 afirmaba que “En cuanto a la Gerencia de Infraestructura, deseo manifestarles que es firme voluntad del Ministerio y del Gobierno darle una agilización a sus procedimientos que permita una mejor gestión del patrimonio inmobiliario de la Defensa. En ese sentido se ha introducido en la ley de acompañamiento al presupuesto una disposición mediante la cual se permitirá destinar fondos provenientes de la gestión inmobiliaria de la Gerencia de Infraestructura no solamente a infraestructura, sino también a modernización del armamento y material de los Ejércitos”. Esta nueva operación de financiación de la carrera armamentística se calcula que ha supuesto, en estos años, más de 3 000 millones de euros adicionales para nuevas compras de armamento.

Con todo el dineral que, gracias a las gestiones de Morenés, hemos visto derrochado en gasto militar para la adquisición de nuevo armamento, aun a costa de vaciar las arcas públicas, ¡cómo no iba a encontrar a numerosas empresas de armamento dispuestas a incluirle en sus Consejos de Administración al terminar sus cargos públicos!

Concluyendo

El nombramiento del vasco Pedro Morenés como ministro de Defensa español deja claras una serie de graves cuestiones. En primer lugar, la podredumbre de un sistema que permite que un alto cargo del Estado, responsable, en buena medida, de una serie de tropelías que han supuesto esquilmar las arcas del Estado impulsando una absurda y obscena carrera armamentística con partidas multimillonarias entregadas a empresas de armamento, pase a formar parte de los Consejos de Administración de empresas de este sector una vez finalizan sus competencias como cargo público. Y no solo eso: que sea posible un “camino de vuelta” para que, ahora como máximo responsable del Ministerio de Defensa pueda conceder nuevas partidas millonarias a esas empresas del sector entre las que se encuentran aquellas que le han tenido en sus Consejos de Administración.

Y mucho más grave aún: ¿cómo se puede entender -más allá de la demostración evidente de que se ríen de la población, en nuestra cara- que se pueda “premiar” con el nombramiento como ministro del ramo a uno de los principales responsables de un colosal despilfarro en gasto militar que ha generado una deuda de más de 30 000 millones de euros, el doble de lo que, según el Gobierno español, se ha de recortar en gastos -principalmente sociales- para “hacer frente al déficit público”? No tenemos respuesta para esto, pero lo que sí sabemos es que una de las principales causas de la “crisis económica” con la que intentan someter y rebajar todos nuestros derechos sociales y laborales es el obsceno gasto militar y la criminal carrera de armamentos que este financia. Sin duda, si acaban de nombrar ministro a uno de sus impulsores, podemos temernos lo peor para los próximos cuatro años.

Mientras cientos de miles de personas en el Estado español (y miles de millones en el mundo) sufren diariamente las consecuencias de haber sido empobrecidas y esquilmadas por el sistema, el poder político muestra el verdadero rostro de sus entrañas. En casos como el analizado con Pedro Morenés, premiando con el Ministerio de Defensa a un distinguido impulsor y colega de los mercaderes de la muerte, corresponsable del gasto militar que ha esquilmado las arcas públicas en los últimos años. Será porque ese sistema necesita del monopolio de la violencia para mantenerse que le ofrecen las fuerzas militares y policiales, tanto como estas deben su existencia a los mercaderes de la muerte que les suministran las armas.

Quizá llegue el día en que las poblaciones seamos conscientes de ello y actuemos en consecuencia. Solo así se les acabará el chollo a personajes como Pedro Morenés y a quienes le nombran. Por el bien de todas, hagamos que sea pronto.

Enlaces sobre minas e bombas de fragmentación:

22 Decembro 2011 Posted by | Human Rights, Landmines, Libya, Politics, Propaganda, Spain | Deixar un comentario

Cluster Munition Monitor 2011 e Landmine Monitor 2011

Quero sinalar a recente publicación dos informes anuais Cluster Munition Monitor 2011 e Landmine Monitor 2011, elaborados pola International Campaign to Ban Landmines (ICBL) e a súa organización irmá, a Cluster Munition Coalition (CMC).

Este é un extracto dos principais datos que aparecen no Landmine Monitor 2011:

The Monitor identified three governments laying antipersonnel mines: Israel, Libya, and Myanmar. Use by non-state armed groups was confirmed in four countries —Afghanistan, Colombia, Myanmar and Pakistan—.

The Monitor identified 12 producers of antipersonnel mines China, Cuba, India, Iran, Myanmar, North Korea, Pakistan, Russia, Singapore, South Korea, the United States, and Vietnam.

A total of 72 states, as well as 7 disputed areas, were confirmed or suspected to be mine-affected. Emergency risk education is needed in Colombia, Myanmar, Pakistan, Somalia and Libya.

E este é un extracto dos principais datos que aparecen no Cluster Munition Monitor 2011:

In February 2011, Thailand fired cluster munitions into Cambodia during border clashes. In April 2011, government forces loyal to Muammar Gaddafi fired MAT-120 mortar projectiles each containing 21 dual-purpose submunitions into the Libyan city of Misrata.

17 countries are believed to produce cluster munitions or reserve the right to do so: Brazil, China, Egypt, Greece, India, Iran, Israel, North Korea, Pakistan, Poland, Romania, Russia, Singapore, Slovakia, South Korea, Turkey, United States.

Enlaces sobre minas e bombas de fragmentación:

23 Novembro 2011 Posted by | Afghanistan, Brazil, Burma (Myanmar), Cambodia, China, Colombia, Cuba, Egypt, Greece, Human Rights, Human Rights Watch, India, Iran, Israel, Landmines, Libya, North Korea, Pakistan, Poland, Politics, Romania, Russia, Singapore, Slovakia, Somalia, South Korea, Thailand, Turkey, United States, Vietnam | Deixar un comentario

Informe de AI sobre o conflicto étnico do sur de Tailandia: víctimas civís e outras violacións do Direito Humanitario

Amnistía Internacional (AI) publicou esta semana un informe sobre Tailandia, centrado nun deses conflictos que permanecen olvidados mentras os mass media non dispoñan de motivación económica ou política, ou dalgunha anecdótica imaxe espectacular. O informe leva por título “They took nothing but his life”: Unlawful killings in Thailand’s southern insurgency. Copio un extracto da súa introducción:

[…] For the past seven and a half years, all or part of Thailand’s four southern-most provinces have been wracked by an insurgency pitting variously armed and organized ethnic Malays —nearly all Muslims— against the officially and predominantly Buddhist Thai state. Nearly 5 000 people have been killed and thousands more injured [see South Thailand insurgency on Wikipedia].

The Thai authorities have arrested over 5 000 people, many of whom were then arbitrarily detained, and in many cases, subjected systematically to torture. The government has also resorted to enforced disappearances and extrajudicial executions.

On their side, the insurgents have deliberately attacked “soft targets”, farmers, house-workers, teachers, students, religious leaders, monks, civil servants, or persons with vague or tenuous affiliation with the security forces or counter-insurgency efforts.

From January 2004 to June 2011 (the latest month for which statistics were available), at least 64 per cent of all those killed in the conflict were civilians, or in legal terms, “persons taking no active part in hostilities”.

Amnesty International believes that the insurgents in southern Thailand, through widespread killings of civilians from both Buddhist and Muslim communities, are committing acts aimed at spreading terror among the civilian population. Although beyond the scope of this report, other actions by the insurgents are also aimed at spreading terror, including detonating bombs in markets and other crowded places; planting improvised explosive devices by the side of busy streets; planting landmines on rubber plantations; beheading some of their victims; and attacking (often via drive-by shootings) or otherwise destroying or defacing businesses, infrastructure, or other private or public property. Amnesty International calls on the insurgents to immediately cease attacks deliberately targeting civilians, indiscriminate attacks, and other violations of international humanitarian law, many of which constitute war crimes. […]

Targeting persons taking no active part in hostilities violates one of the key rules of international humanitarian law, as it pertains to armed conflicts such as the one in southern Thailand, which is an internal or “non-international” conflict. Article 3 common to the four Geneva Conventions of 1949, which is binding on all parties to internal armed conflicts, provides that certain acts against “persons taking no active part in the hostilities … are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever”. Under customary international humanitarian law, “acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited”. […]

Enlaces relacionados:

29 Setembro 2011 Posted by | Amnesty International, Human Rights, Human Rights Watch, Landmines, Politics, Thailand | Deixar un comentario

Cluster bombs used in Misrata, made in Spain

Libya: Cluster munitions strike Misrata (Human Rights Watch, 15 – IV – 2011)

Human Rights Watch witnesses attack into residential area.

Government forces loyal to the Libyan leader, Muammar Gaddafi, have fired cluster munitions into residential areas in the western city of Misrata, posing a grave risk to civilians, Human Rights Watch (HRW) said today.

HRW observed at least three cluster munitions explode over the el-Shawahda neighborhood in Misrata on the night of April 14, 2011. Researchers inspected the remnants of a cluster submunition and interviewed witnesses to two other apparent cluster munition strikes.

Based on the submunition inspected by HRW, first discovered by a reporter from The New York Times, the cluster munition is a Spanish-produced MAT-120 120mm mortar projectile, which opens in mid-air and releases 21 submunitions over a wide area. Upon exploding on contact with an object, each submunition disintegrates into high-velocity fragments to attack people and releases a slug of molten metal to penetrate armored vehicles.

“It’s appalling that Libya is using this weapon, especially in a residential area”, said Steve Goose, arms division director at HRW. “They pose a huge risk to civilians, both during attacks because of their indiscriminate nature and afterward because of the still-dangerous unexploded duds scattered about.”

A majority of the world’s nations have comprehensively banned the use of cluster munitions through the Convention on Cluster Munitions, which became binding international law in August 2010.

“Libya needs to halt the use of these weapons immediately, and take all steps to ensure that civilians are protected from the deadly remnants they have left behind,” Goose said.

The area where HRW witnessed the use of cluster munitions is about 1 kilometer from the front line between rebels and government forces. The submunitions appear to have landed about 300 meters from Misrata hospital. HRW could not inspect the impact sites due to security concerns.

HRW has not yet been able to determine if civilians in Misrata have been wounded or killed by cluster munitions.

HRW interviewed two ambulance drivers who said they had witnessed cluster strikes prior to April 14.

Ibrahim Abuwayfa told Human Rights Watch that he was in the Al-Gzeer district of Misrata around 7 p.m. on April 13, on the coastal road called Tuarga Street, when he saw an explosion in the air and “little flames” coming down. “One of the objects landed a few meters away on a residential wall and it exploded when it hit and then shrapnel flew out”, Abuwayfa said. Abuwayfa said he had heard of similar attacks that night in the Maghdar and Kurzaz areas of the city.

Waleed Srayti said he saw a cluster munition strike on April 14, at 11 a.m. “I was in the streets behind the vegetable market”, he said. “A big battle was going on in Tripoli Street at the vegetable market. I heard a noise and about 9 to 10 things started popping out of the sky over the market. I just saw the pops in the air. I saw white smoke coming down. When it went up, I didn’t see anything. It was daylight. I didn’t hear anything when it went up, but I heard the explosion at the top of the arc.”

Cluster munitions can be fired by mortars and artillery or dropped by aircraft. They explode in the air sending dozens, even hundreds, of submunitions or “bomblets” over an area the size of a football field. These submunitions often fail to explode on initial impact, leaving duds that act like landmines.

Based on the markings on the submunition found in Misrata, Libya used MAT-120 cluster munitions. These contain 21 dual-purpose submunitions equipped with a self-destruct feature. The submunition is considered dual-purpose because it has both anti-personnel and anti-material effects.

Upon exploding on impact with an object, the steel body of the MAT-120 submunition disintegrates into numerous high-velocity fragments to attack personnel and releases a metal slug, which is formed from an inverted copper cone inside the submunition, intended to penetrate the walls of an armored vehicle.

The MAT-120 cluster munitions used in Misrata were produced by Instalaza SA in Spain. The markings on the submunition remnant inspected by HRW indicate it was produced in 2007.

At the end of 2008, Spain destroyed its stockpile of 1,852 MAT-120 mortar projectiles, containing a total of 38,892 submunitions. Spain signed the Convention on Cluster Munitions on December 3, 2008 and ratified on June 17, 2009.

Libya has not signed the Convention on Cluster Munitions. The current status and composition of Libya’s stockpile are unknown. Libya used aerial cluster bombs, likely RBK bombs of Soviet/Russian origin, in Chad during the 1980s conflict.

The Convention on Cluster Munitions bans the use, production, stockpiling, and transfer of cluster munitions, requires states to destroy stockpiles, clear contaminated land, and assist victims and affected communities. Of the 108 countries that have signed the convention since it opened for signature in December 2008, 56 countries have already ratified.

Libya’s use of the weapon in Misrata is the second known instance of cluster munitions use since the Convention on Cluster Munitions entered into force on August 1, 2010. Earlier this month, on April 6, 2011, the Cluster Munition Coalition (CMC) concluded that Thailand used cluster munitions on Cambodian territory during a border conflict in February 2011.

“Bomba de racimo, un arma devastadora que España fabricó hasta 2008” (El País, 15 – IV – 2011)

El Gobierno de Zapatero firmó hace dos años y medio la Convención de Oslo, que prohibía el uso de esta munición. Un año antes, una empresa española produjo las que ahora explotan en Libia.

España fue uno de los 30 países firmantes en 2008 de la Convención de Oslo, en la que se comprometió a no emplear, desarrollar, adquirir, almacenar, conservar o transferir a nadie, “bajo ninguna circunstancia”, bombas de racimo. Antes, sin embargo, fue uno de tantos en tener y producir este tipo de munición. Las que ahora usa Gadafi en Misrata contra los rebeldes fueron fabricadas en España en 2007.

Hasta que el Gobierno de Rodríguez Zapatero se sumó al acuerdo internacional, según un informe de Greenpeace, en España había varias empresas que las creaban; en concreto, Explosivos Alaveses, Instalaza SA, Santa Bárbara e Internacional Tecnology SA. La segunda de ellas, Instalaza, es la que produjo las bombas de racimo que ahora se han encontrado en Libia, del tipo MAT-120. Un portavoz de Comercio Exterior ha subrayado que “lo que se haya podido exportar fue antes de la Convención”. En 2008, vendió armas a Libia, en la categoría de “bombas, torpedos, cohetes y misiles”, por valor de 3,8 millones de euros, informa Miguel González.

El Ejército, por su parte, disponía de tres clases de esta munición: la CBU-100B (Rockeye), la antipista BME-330 y la granada de mortero MAT-120. La primera era importada de Estados Unidos y las dos últimas, de fabricación española. En cuanto firmó la Convención de Oslo (diciembre de 2008), España fue el primer país en destruir todo su arsenal. Unos meses antes, incluso, en julio, el Ejecutivo aprobó de forma unilateral una moratoria en la producción y exportación de estas bombas.

Junto a España, otros países como Francia, Reino Unido, Alemania, Japón, Portugal, Holanda o Líbano también se unieron al acuerdo, pero muchos otros, dos años y medio después de su entrada en vigor, todavía no lo han hecho. Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China o Libia.

Se calcula que las bombas de racimo han matado o mutilado a unas 100.000 personas en los últimos 45 años, la tercera parte de ellas niños, según datos de la Coalición contra las bombas de racimo. Fueron pensadas en su origen para atacar vehículos de combate, aunque su uso contra humanos ha sido y, como se ve, sigue siendo moneda de uso común.

Antes de impactar contra el suelo, las bombas fragmentarias -también se les conoce por este nombre- liberan multitud de pequeños artefactos que quedan dispersados de forma aleatoria y no siempre explotan. O no lo hacen en ese momento, al menos, porque una parte de las bombetas -así se llaman- permanecen ocultas para acabar estallando hasta 40 años después. “Resulta imposible saber cuántas explotan y cuántas no, o qué zonas están limpias y cuáles no”, contaba en una entrevista en 2008 a EL PAÍS Valon Kumnova, el responsable de la Organización de Apoyo a la Vida en Zonas Peligrosas (HALO).

Su explosión depende de donde caigan. “Hemos trabajado en lugares en los que sabemos que se han usado y no hemos encontrado ni una, solo los cráteres de impacto. En otros, en cambio, si han caído sobre un suelo mojado y blando, hemos observado niveles de fallo de hasta un 50%”, detallaba Kumnova.

En opinión de este experto, además de “carísimas”, son “potencialmente” más peligrosas que las minas antipersonas. “Muy poca gente sale ilesa o con heridas leves de un accidente con una bomba de racimo. Pero no necesariamente explotan por pisarlas, como pasa con las minas. Normalmente, hay que moverlas o golpearlas, así que el riesgo es menor. Aunque cuando explotan, eso sí, causan mucho más daño que las minas”, señalaba este responsable de HALO.

Enlaces sobre minas e bombas de fragmentación:

16 Abril 2011 Posted by | Human Rights, Human Rights Watch, Landmines, Libya, Politics, Spain | Deixar un comentario

Pere Ortega: El “Viva la muerte” de EXPAL

El “Viva la muerte” de EXPAL (Centre d’Estudis per la Pau “J. M. Delàs” – Justícia i Pau, 29 – VII – 2009)…

Pere Ortega

Explosivos Alaveses, S.A. (EXPAL), es una industria española dedicada exclusivamente a la fabricación de material militar del subsector de municiones y explosivos. Es fabricante de todo tipo de proyectiles, espoletas, carcasas y bombas. En el pasado, hasta su prohibición en España, fabricó las peligrosas minas antipersona y bombas de racimo o clusters, de similar efecto que las minas y consideradas por sus efectos indiscriminados sobre la población civil como armas de destrucción masiva.

EXPAL es un exportador de armas y suministra habitualmente a los ejércitos de Turquía e Israel, países que mantienen una fuerte represión de los derechos humanos de la población en los territorios de Kurdistán y Palestina; las minas de EXPAL infestan las tierras de Colombia y Sahara Occidental; en la guerra Iraq-Irán, en 1984 se le abrió una investigación por parte de Naciones Unidas, tras descubrir que Iraq utilizó armas químicas (gas mostaza) en carcasas fabricadas por EXPAL. Por la dirección del grupo empresarial han pasado, entre otros, políticos como Josep Piqué o estafadores como Javier de la Rosa.

Esta industria, debido a su controvertida trayectoria y producción, ha sido, tanto en el pasado como hoy, objeto de campañas, denuncias y protestas del movimiento pacifista, y de igual forma ha merecido especial atención de la investigación por la paz.

EXPAL tuvo su sede en Vitoria, de ahí el nombre de Explosivos Alaveses, que cerró su factoría en abril de 2004. En junio de 2006 reaparece iniciando una nueva etapa, primero nombró como presidente a Francisco Torrente, ex almirante de la armada española, que tan solo unos meses antes ostentaba el cargo de Secretario General de Política de Defensa (Segenpol). Ahí tenemos un ejemplo de representante del complejo militar industrial donde se entremezclan tanto los intereses industriales como militares.

Tras este fichaje los contratos de EXPAL con el Ministerio de Defensa mejoraron notablemente,  se adjudicó diversos contratos, los últimos: uno de 2,1 millones € (enero/2009) por la venta de granadas de mortero de 60 mm y 80 mm; recibió otro contrato de 9 millones € para suministrar cargas de proyección y espoletas de 105 mm y 155 mm (julio/2008); además participa en la fabricación del misil Iris-T para el avión EF-2000, y fue la adjudicataria de un contrato de 4 millones € (julio/2008) para la destrucción de las 5 600 bombas de racimo en posesión de las fuerzas armadas españolas, de las que a su vez había sido fabricante. Y ahora (abril 2009)  la influencia de Franscisco Torrente se vuelve a notar en el anunció de un acuerdo de compra por parte de Expal de la factoría de Santa Bárbara en la localidad de Murcia, los terrenos de la cual son propiedad del Ministerio de Defensa.

EXPAL pertenece al holding MaxamCorp, antes denominado Unión Española de Explosivos (UEE). Maxam agrupa seis empresas en España dedicada a la fabricación de toda clase de explosivos, tanto en el terreno civil como en el militar (Ver historial), tres de las cuales son: Explosivos de Burgos, Fabricaciones Extremeñas y Fabricaciones Metalúrgicas de Albacete, también de carácter militar. Maxam es una transnacional con presencia en numerosos países a través de convenios y tres industrias propias. Sus actuales propietarios son José Federico Sánchez Junco, con un 50%, Banco Santander con un 23% a través de Vista Capital controlada por el BSCH al 100% y Ibersuizas del Banco Pastor, con un 17%.

La reciente firma por parte del Estado español del Tratado de Oslo que prohibe las municiones de racimo o clusters ha afectado a EXPAL, que se ha visto privada de uno de sus productos estrella, la bomba de dispersión BME 330, que contiene entre 180 y 512 submuniciones y que fabricaba en diversas versiones.

Ahora nos llega la noticia de que EXPAL ha firmado un contrato de colaboración con dos empresas brasileñas, Imbel y Engepron. De ambas, Imbel se dedica a la fabricación de explosivos y municiones. La firma del convenio con Imbel es doblemente preocupante, pues Brasil no sólo no ha firmado el Tratado de Oslo sobre armas clusters, sino que a su vez es uno de los principales productores y exportadores de armamentos de escasa tecnología, como es el caso de las bombas de racimo, y cabe la posibilidad de que el convenio contemple el traspaso de tecnología para la fabricación de este tipo de municiones.

De este modo, las transnacionales de armamento españolas tienen una fórmula para burlar los avances que la sociedad civil va logrando sobre desarme, trasladando su producción a países no firmantes donde tienen asentadas factorías o firmando convenios con industrias de estados menos escrupulosos con la paz y el respeto a los derechos humanos.

Cronología de EXPAL

1872. Alfred Nobel, conocido por los premios que dejó como legado, pero a su vez importante fabricante de armas europeo, funda en Galdakano la Sociedad Española de la Dinamita Privilegios Nobel.
1873. Se crea The Rio Tinto Company, más tarde Minas Rio Tinto, empresa química británica dedicada a la extracción de piritas en Riotinto.
1888. Primera gran manifestación medioambiental en España en protesta por las emanaciones sulfurosas de la explotación a cielo abierto. El ejército abrió fuego sobre los manifestantes y se produjeron unos 100 muertos.
1896. La firma de Nobel se integra en Unión Española de Explosivos (UEE).
1911. UEE empieza el suministro de pólvoras y explosivos a las fuerzas armadas españolas.
1946. UEE crea en Vitoria Explosivos Alaveses (EXPAL) íntegramente dedicada a la producción de explosivos militares.
1969. UEE se fusiona con Minas Rio Tinto y nace Unión Explosivos Rio Tinto (ERT).
1970. ERT desaparece y se recupera la denominación UEE. Forman parte del  grupo las empresas EXPAL, Explosivos de Burgos, Fabricaciones Extremeñas y Bresel.
1983. EXPAL de UEE es el primer fabricante de minas antipersona y bombas racimo del estado español, exportaba por valor de 1.000 millones de pesetas.
1984. Durante la guerra Iraq / Irán EXPAL es investigada por la ONU por suministrar carcasas de bombas que contenían gas mostaza a Iraq. En esta etapa UEE es el cuarto fabricante de explosivos a nivel mundial con 65 empresas operativas en 20 países, entre otros en Camerún, Ghana, Malí, Colombia, Marruecos, Kazajstán…
1986. El grupo kuwaití KIO adquiere ERT y UEE.
1988. Cros, S.A. adquiere ERT y nace el nuevo grupo ERCROS, entonces dirigido por Josep Piqué, más tarde ministro del Gobierno del Partido Popular.
1989. ERCROS y UEE se separan. UEE (propiedad del kuwaití Kio) a través de EXPAL suministra a Irak bombas que probablemente fueron utilizadas en la invasión de Kuwait en 1991. Entra en escena Javier de la Rosa, principal gestor de KIO que más tarde será condenado por desviar los fondos de KIO hacia otras carteras.
1994. UEE es adquirida por Pallas Invest, holding holandés con domicilio en un paraíso fiscal, Curaçao (Nuevas Antillas).
1997. El Centre Delás (entonces C3A) plantea un estudio de conversión de EXPAL. Los sindicatos de EXPAL no colaboran y el estudio se abandona.
2004. En abril la factoría de EXPAL en Vitoria cierra sus puertas y traslada su producción a Explosivos de Burgos y Fabricaciones Extremeñas.
2006. El grupo UEE cambia de manos y pasa a denominarse MaxamCorp, bajo control del equipo directivo presidido por José Federico Sánchez Junco, con un 50%; Vista Capital, con un 23% controlada por el BSCH 100% y Ibersuizas del Banco Pastor, con un 17%.
2006. En junio, el almirante Francisco Torrente, Secretario General de Política de Defensa (Segenpol), cesa en su cargo y reaparece investido presidente de EXPAL.
2007. En octubre Maxam recibe el mayor crédito sindicado de la historia bancaria española, 300 millones de euros. El crédito es encabezado por el BBVA y Caixa de Catalunya hasta un total de 18 entidades financieras.
2009. EXPAL firma acuerdos de colaboración con empresas de armamento en Brasil, Imbel e Ingepron. Imbel podría ser fabricante de bombas racimo.
2009. EXPAL llega a un acuerdo de compra de la factoría de General Dynamics Santa Bárbara en la localidad de Murcia, cuyos terrenos son propiedad del Ministerio de Defensa.

Enlaces sobre minas e bombas de fragmentación:

5 Agosto 2009 Posted by | Centre Delàs, Human Rights, Landmines, Politics, Spain | Deixar un comentario

Rumsfeld (2001): a falacia das cluster bombs lanzadas sobre Afganistán

Xa encadeo tres anotacións sobre cluster bombs. Esta é para facer un pouco de Historia. Copio o extracto dunhas repugnantes declaracións realizadas polos máximos responsables, político e militar, do lanzamento de bombas de fragmentación sobre Afganistán (fonte: CNN, 1 – XI – 2001).

Aí estaban, político e militar, para xustifica-lo inxustificable, aproveitando que os cidadáns dos Estados Unidos e de boa parte do mundo occidental estaban nun shock a causa dos atentados do 11 de setembro, hipersensibilizados e a un tempo desensibilizados polo terror e pola indignación que a propaganda se encargou de exacerbar.

Cando ó xeneral Myers lle preguntan polo impacto das bombas de fragmentación, limítase a recorda-lo impacto dos atentados, como se calquera medio se puidese empregar, indiscriminadamente, para responder a unha agresión. ¿Por que non a bomba atómica, xa postos? Esta lóxica tan inhumana levou ós Estados Unidos á detención de centos de sospeitosos sen cargos, avogado nin xuízo durante anos, en Guantánamo e outros lugares, a torturas e a “desaparicións”…

Cando a Rumsfeld lle preguntan polo uso das bombas de fragmentación usa, aparentemente, esa mesma lóxica. ¿Para que as usamos? Para matar talibáns. Sen embargo, Rumsfeld sabía que esas armas (que matarían e mutilarían civís durante anos) eran completamente inadecuadas para matar talibáns, afeitos á guerra de guerrillas e que aínda hoxe, oito anos despois, seguen a perpetrar atentados.

A falacia de Rumsfeld oculta unha lóxica moito máis perversa. A función das cluster bombs é unha das máis antigas e groseiras formas de enxeñería social: causar baixas no bando talibán, pero non porque haxa miles de mortos e mutilados (que tamén), senón porque os campos sementados de minas non dan de comer, millóns de civís aterrorizados abandonarán os seus fogares e posiblemente desertarán e provocarán a caída do Goberno. Por suposto, algúns tomarán as armas e uniranse ós terroristas, pero iso está máis que previsto. A opinión pública occidental non entenderá ese efecto porque nunca se lle explicou a causa

Sinálase tamén no extracto unha coincidencia desgraciada e macabra: os paquetes con comida que lanzaban desde o aire eran amarelos e as submunicións dispersadas polas bombas eran tamén amarelas.

[…] In Washington, U.S. Defense Secretary Donald Rumsfeld and Gen. Richard Myers, chairman of the U.S. Joint Chiefs of Staff, defended the use of cluster bombs during airstrikes. International aid organizations have called on the United States to stop using the weapon in Afghanistan.

A cluster bomb scatters hundreds of smaller “bomblets” over a wide area. The bomblets also happen to be the same color yellow as the humanitarian rations that U.S. planes are dropping to Afghan civilians. Aid organizations fear that civilian casualties will result from people mistakenly picking up an unexploded cluster bomblet.

The color of future food packets will be changed to blue, Myers said, adding it was “unfortunate” that the color was the same. He said leaflets are being dropped that explain to Afghan civilians the difference between the two, spelling out which ones to pick up and which ones to avoid.

Myers said the Pentagon is matching specific weapons with specific targets and in some cases, that means U.S. planes will drop cluster bombs.

“We understand the impact of those,” he said. “I would take you back to September 11; we also understand the impact of that.”

Rumsfeld added that cluster bombs are “being used on frontline al Qaeda and Taliban troops to try to kill them is why we’re using them, to be perfectly blunt.”

The Pentagon also has said military planners are doing everything they can to minimize civilian casualties in the airstrikes. […]

Un ano máis tarde, Human Rights Watch publicou un informe con algúns datos sobre as víctimas desta política, baixo o título “Fatally Flawed: Cluster Bombs and their Use by the United States in Afghanistan”

Outros enlaces sobre minas e bombas de fragmentación:

23 Xuño 2009 Posted by | Afghanistan, Human Rights, Human Rights Watch, Landmines, Politics, Propaganda, United States | Deixar un comentario

Intervención do Centre Delàs na xunta de accionistas do Banco Santander

Como cada ano, o Centre d’Estudis per la Pau “J. M. Delàs” (Justícia i Pau) tomou a palabra na xunta de accionistas do Banco Santander (antes Banco Santander Central Hispano ou BSCH) para reclamar que deixen de investir en industrias e proxectos militares. Copio o texto da intervención:

Buenos días señoras y señores accionistas y miembros del Consejo de Administración. Ante todo, les agradezco la oportunidad que me brindan para expresar en esta asamblea mi opinión como miembro de Justicia y Paz, como accionista y ciudadano.

Mi nombre es Miquel González y mi intervención se va a centrar en sus políticas de inversión. En primer lugar, enumeraré las participaciones que poseen en empresas militares y, acto seguido, les explicaré cómo afecta esto a la compañía.

El Banco Santander Central Hispano participa en la actualidad en el 23% de la empresa MaxamCorp Holding a través de su sociedad de capital riesgo, Vista Capital. Este holding agrupa entre otras empresas a la compañía Explosivos Alaveses (EXPAL), empresa que se dedica íntegramente a la producción de bombas y explosivos. Hasta hace poco, EXPAL fabricaba bombas de racimo, las cuales están prohibidas hoy en España.

Además, el Banco Santander participa en el 14% de CESCE, agencia que asegura las exportaciones, entre ellas las de material de defensa.

Según apareció en la Guía de Comercio, en abril del 2008 el Banco Santander (junto con otros bancos) ha suscrito un convenio de crédito para financiar dos contratos de CASA – EADS con las Fuerzas Aéreas Brasileñas por un importe de 554 millones de euros. Estos contratos incluyen la venta de 12 aviones C-295 y la modernización de 8 aviones P-3. Esta operación de financiación a la exportación es una de las más importantes de los últimos años.

En resumen, el Banco Santander contribuye directa e indirectamente en la producción y exportación de armamento. ¿Es esto coherente con sus políticas de compromiso social y sostenibilidad?

Las armas, creadas principalmente para destruir y matar, ni tienen un efecto social positivo, ni mucho menos ayudan a crear sostenibilidad, más bien todo lo contrario.

Sus participaciones en MaxamCorp Holding, propietaria de Explosivos Alaveses, y en CESCE, son reprochables desde un punto de vista moral e incluso, injustificadas desde un punto de vista económico; su contribución es insignificante. En cambio, sí representan un gran riesgo para su banco.

De este riesgo se han dado cuenta otras entidades. El banco Fortis, ING y BBVA tienen políticas restrictivas de inversión en determinadas compañías que fabrican armas. ¿Por qué no siguen ustedes sus pasos o incluso mejor, por qué no lideran ustedes este cambio y se convierten en el primer banco que tacha a la industria militar de su cartera de inversiones?

Construir un mundo con menos armas, es decir, con menos guerras, está en sus manos.

Muchas gracias por su atención.

Enlaces sobre minas e bombas de fragmentación:

23 Xuño 2009 Posted by | Centre Delàs, Human Rights, Landmines, Politics, Spain | Deixar un comentario